La secretaría de  Hacienda reconoció de manera pública que el déficit del gobierno central en el 2009 (8.9% del PIB) ha sido el peor en sesenta y dos años. Si este indicador se utiliza para calificar el desempeño de esa cartera, encargada de la ejecución de una política fiscal que sea coherente con la estabilidad macroeconómica que el Banco Central persigue, es fácil entonces concluir que la gestión de Hacienda  es, evidentemente, contraria a la estabilidad.

Desde este ámbito del gobierno, se ha promovido una libertad fiscal que reproduce en el Poder Ejecutivo la idea de que las estimaciones de los ingresos públicos no constituyen una restricción anual del gasto.

Tal  impresión se acentúa con el mantenimiento de los niveles de ingresos tributarios del gobierno a través del endeudamiento público interno y externo, lastimados sensiblemente por la tendencia recesiva del PIB.

Este hecho favorece el anuncio de inversiones públicas monumentales, como  la segunda línea del Metro, con las  que persiguen reactivar la economía.

Lo que  resulta injustificado, si se evalúa la relación de esa inversión pública con el aumento de la productividad de las firmas criollas con el mejoramiento del capital humano,  por ejemplo a  través de mejorar la educación y los servicios de salud, y con mayor eficiencia (reducción de su disfuncionalidad) de los mercados locales.

El endeudamiento público con la banca local reduce y encarece la disponibilidad de recursos crediticios para el sector privado, postergando sus  inversiones y posponiendo una recuperación sostenible de la economía. Por otra parte, el incremento del servicio de la deuda pública externa (en dólares americanos) coloca un fardo pesado  sobre el mercado cambiario, pudiendo inducir a cierta inestabilidad, considerando la disminución de la entrada de divisas debido a la caída de las exportaciones dominicanas (34% en los primeros nueve meses del 2009), de las remesas (en 12%) y de la entrada de inversión extranjera directa (37%); que no recuperarían en el 2010 sus niveles previos a la crisis.

El ejercicio fiscal de esta administración ha reforzado la inflexibilidad de la política de gasto público atendiendo a la creciente especialización de los ingresos públicos, dificultando los ajustes fiscales frente a los ciclos reales del PIB.

No se ha mostrado ninguna preocupación por la creciente asignación de recursos para subsidiar el consumo generalizado de bienes y servicios, que han limitado –de acuerdo a las declaraciones de los propios funcionarios públicos– los planes de inversión del gobierno con recursos propios.

De la misma manera no ha existido cuestionamiento al crecimiento de las nóminas formales e informales en el sector público dominicano o del financiamiento de “cualquier” evento que se considere políticamente necesario para fortalecer el sistema de “dictadura” electoral vigente.

Aún más, el Ministerio de Hacienda incurrió en atrasos en el pago a los contratistas del gobierno y, peor todavía, pretende modificar la Ley de Capitalización del Banco Central con el propósito de liberar al gobierno del compromiso que legalmente le corresponde (Ley No. 183-02) para cubrir el costo en que incurre el BC para controlar la inflación. Evidentemente que el gobierno podrá gastar más, no cabe duda, pero lo hará a costa de debilitar la consistencia de la política monetaria y fiscal que requiere la estabilidad macroeconómica y de postergar la recuperación económica. 

Esta última línea de política fiscal, como cité antes, no contribuye a mantener el crecimiento con baja inflación.

Si el gobierno no capitaliza al BC, entonces el pago de los vencimientos de los certificados se harán con emisión monetaria, la cual tiene que ser recogida con nueva emisión de certificados para así evitar una inflación mayor.

Por consiguiente, se espera que el pasivo del BC con el público y los bancos comerciales se incremente, limitando la política monetaria particularmente con relación a las tasas de interés y al tipo de cambio.