JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Si algo queda a flote después de 5 meses de debates sobre una reforma fiscal que hace tiempo devino en simple reforma tributaria es el desconcierto que domina la sociedad dominicana, el absoluto predominio de los intereses políticos y la crisis de liderazgo en todos los estamentos sociales.

Aunque la generalidad de las críticas por las dificultades para aprobar el proyecto de reforma tributaria se quedan a nivel del Congreso, la cuestión es mucho más profunda y abarca el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sociales y hasta el sacrosanto Diálogo Nacional.

En la perspectiva en que se encuentra el proyecto, hoy o la próxima semana podría ser aprobado por los diputados, sin que pueda vislumbrarse su composición final ni si podrá ser ratificado por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo. La confusión reinante es total y la sensación es que “algo se aprobará aunque sea por cansancio”.

Resalta en primer lugar que este es un proyecto huérfano de padre y madre desde su concepción y nacimiento. Ni siquiera el gobierno quiso cargar con su paternidad. Por eso encargó a Monseñor Agripino Núñez Collado que convocara el Diálogo Nacional para que lo concertara, mientras algunos se preguntaban para qué fue creado el Consejo Económico y Social, luego también Institucional.

El principal partido de oposición se negó a participar reclamando que el gobierno presentara su proyecto y que el escenario de discusión fuera el Congreso Nacional. Le respondieron que nadie lo había invitado. No se partió, como era lógico, de un anteproyecto elaborado por los organismos de gobierno.  La opinión pública conoció varios anteproyectos, como los de CIECA-Juan Montalvo, consorcio León Jimenes, Centro Nacional de Investigaciones Tributarias, Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Pero estos no fueron considerados y se fue confeccionando un traje a base de retazos gubernamentales y empresariales.

Tras más de dos meses de ajetreos, no se pudo alcanzar la meta de tenerlo listo para que el presidente lo presentara al Congreso el 16 de agosto, pero ocurrió al comienzo de septiembre y se dijo que la pieza enviada era fruto del consenso, lo que rápidamente quedaría en entredicho.

Primero se desligaron de su paternidad los sectores sociales y sindicales, y cuando se creía que era un acuerdo gobierno-empresariado, esto también se fue desgajando. Saltaron los empresarios turísticos y agropecuarios, luego los de Herrera y finalmente hasta la Asociación de Industrias se ha retirado de las últimas sesiones de remiendos. En el taller apenas queda el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y esta última rechazando los últimos parches gubernamentales que revivieron el adelanto, como impuesto sobre la renta, del l.5 por ciento de las ventas brutas y la elevación del gravamen al gasoil.

Nadie debe extrañarse de que los diputados no hayan podido aprobar el proyecto con todo y sus remiendos, ya que no lo reivindican ni siquiera los que lo confeccionaron originalmente. Y ya hay quienes adelantan que salga pato o gallareta el año que viene, después de las elecciones, habrá que volver a discutir otra reforma que entonces esperan que pueda ser fiscal, integral, como tanto se planteó al principio.

El balance no puede ser más desgarrador y preocupante. Esta reforma deja dividido al sector empresarial, excluidos de la búsqueda de consenso a los sectores sindicales y sociales y mal parado el Diálogo Nacional y la capacidad de concertación de los diversos actores.

Resalta la incapacidad del liderazgo político y social para lograr acuerdos en aras del interés nacional, por encima de las mezquindades sectoriales y del inmediatismo político, así como la ausencia de líderes que con claros proyectos nacionales y planteamientos ideológicos tracen caminos de encuentros y transacciones.

El espectáculo es deprimente. Gobierno y oposición sólo piensan en las elecciones legislativas y municipales de mayo, y tan pronto pasen estas quedarán condicionados por las presidenciales del 2008, y así sucesivamente. 

Llama la atención el que sólo se haya discutido de nuevas cargas impositivas, que desde luego ningún sector quiere asumir, y que se haya obviado todo esfuerzo por economizar vía la reducción del gasto corriente, del derroche y la corrupción que siguen caracterizando al Estado.

Que el Congreso apruebe primero una nueva ley de compras y contrataciones del Estado y calculen también cuánto se economizará por ese concepto. A lo mejor descubren que es suficiente para cubrir la eliminación del recargo cambiario. Pero no se advierte tal preocupación. Tal vez por aquello de hoy por ti, mañana por mí.