Cuando observamos casos como el de Francina Hungría y el de Pascual Cordero –El Chino- Martínez, uno entiende por qué más del 70% de la población tiene tan pobre valoración de la justicia dominicana.
En el caso de Francina, a quien cinco malhechores intentaron asesinar para despojarla de su vehículo para escapar tras haber cometido una fechoría, hay agravantes.
Producto del cobarde atentado, la joven perdió la visión y ha tenido que vivir un vía crucis en sus reclamos de que se haga justicia.
Un segundo juicio se lleva a cabo y la agraviada, desesperada, lamenta que ella y su familia tenga que estar revictimizándose.
“Para mí es terrible escuchar a la defensa, cuando hay cinco profesionales defendiendo criminales delante de las consecuencias de sus actos”, dijo la joven tras seis horas de presentación de pruebas testimoniales y documentales contra los imputados.
El martes se espera la conclusión de un juicio que ha concitado la atención de la ciudadanía por la valentía de la víctima y desfachatez de sus agresores y abogados.
El segundo caso es la disposición de arresto domiciliario a favor del poderoso narcotraficante Pascual Cordero, ordenado por la jueza Pilar Rufino, basada en su supuesto estado de salud.
Ante el escándalo que suscitó esta aberrante decisión y la apelación del Ministerio Público, la jueza del Cuarto Tribunal Colegiado ofreció unas explicaciones tan absurdas que más que justificación, constituyen una burla a la sociedad.
Esas son las situaciones que contribuyen al descrédito de un sistema que, con la casa en llamas propone, a través del Consejo del Poder Judicial, una Cumbre Nacional que pudiera contribuir con el adecentamiento de la justicia.