POR ANGEL BARRIUSO
Tan pronto el Partido Revolucionario Dominicano llegó al poder presentó una reforma llamada el «paquetezo», para tapar un sorpresivo «hoyo fiscal» hallado en cualquier lugar de la administración pública, porque supuestamente nunca hubo bonanza económica y el gobierno del PLD pasó de lo óptimo a lo pésimo en un abrir y cerrar de ojos, a la luz de los datos ofrecidos por las nuevas autoridades.

Durante doce meses con apariencia de eternidad, la gestión de Mejía nos metió en la cabeza un «hoyo fiscal» que, según el Presidente, fue el fruto de «bellaquería de los peledeístas». Sin embargo, nadie sabe si logró taparlo con la tierra del «paquetazo»,  el cual tenía un aumento del itbis y un pago por anticipo que, de acuerdo con amigos contables y auditores, sacó del mercado a cientos de negocios. ¿Cuál fue el resultado del «paquetazo»?

El Partido de la Liberación Dominicana vuelve al gobierno cuatro años después, y encuentra un «hoyo cuasi fiscal», fruto -supuestamente- de la «bellaquería de unos banqueros», y para taparlo requiere de una reforma, con la diferencia de que en estos momentos las autoridades entrantes y salientes estarían siendo presionadas por el FMI, organismo que históricamente ha sugerido reajustes del gasto corriente y/o reajustes fiscales para igualar la suma de los ingresos respecto a la de los gastos públicos.

La gestión de Mejía, como todos nuestros gobiernos constitucionalmente electos, tiene cuatro años. Durante sus dos primeros nos la pasamos oyendo que había un «hoyo fiscal» dejado por el PLD y de una austeridad en la administración pública que, de acuerdo con los números, jamás se aplicó. En el segundo año, el «hoyo fiscal» terminó conviviendo con un «déficit cuasi fiscal» e ignoramos si ahora hay uno o dos «hoyos».

¿Qué nos ha pasado en cuatro años?

Ante la imposibilidad aparente de nuevos impuestos, los teóricos y expertos del gobierno de Mejía provocaron un mayor endeudamiento sobre la base de que endeudarse era como disponer de un saco roto, y duplicamos nuestras deudas teniendo que cada vez menos dinero para pagarla. Se redujo el poder adquisitivo de nuestros pesos, se devaluó la moneda por obra y gracia de un «deslizamiento» de la taza y hubo bonos soberanos que sirvieron para todo y para nada. La generalidad de los dominicanos empobreció.

Se afirma que el gobierno ha quedado sin dinero, como la mayoría de los ciudadanos. Y que al 30 de agosto próximo el gobierno de Leonel Fernández tendría escasos recursos para cumplir sus compromisos ordinarios, situación tan parecida a la que se vive hoy en la mayoría de nuestros hogares que, recibiendo sus ingresos salariales, hacen de las tripas un corazón para enfrentar los aumentos sucesivos en la canasta familiar, principalmente del servicio de una energía eléctrica que no recibimos.

Con el gobierno ha ocurrido, según se ve desde fuera del Palacio, que gastó -probablemente- una cantidad de dinero mayor a la recibida. A menos que nos den más claridad sobre el mondongo financiero gubernamental, a través de las Edes el Estado recibe sumas extraordinarias de dinero, y no hay energía eléctrica; sumas millonarias por la ley de hidrocarburos -porque hace lo que le viene en ganas con los precios internos de los combustibles-, y tenemos deudas pendientes por pagar; recibe dinero a través de los peajes; y una larga cadena de fuentes ordinarias de dinero, y el gobierno presenta iliquidez.

Quienes dominan el tema señalan que «el hoyo fiscal» se fue de rumba con el «déficit cuasi fiscal», y nos ha dejado a todos bailando sobre una pista de aterrizaje que va desde Herrera hasta El Higüerito. El escenario queda claro en medio de tantos apagones, los mismos apagones de 30 años, sólo que ahora son financieros, y antes porque la demanda estaba por debajo de la oferta. Llaman a escena nuevos impuestos, y hay resistencia -básicamente- porque el ciudadano incoloro manifiesta su pesar de que el Estado no le devuelve en beneficios lo que paga de impuestos.

Estamos atravesando por una etapa de pérdida de la confianza en nuestros líderes y en la gestión de nuestros gobiernos. ¿Por qué tenemos que pagar platos que otros rompieron?

Mediante un programa de reajuste fiscal -la reforma- disminuimos el déficit y el gobierno recupera liquidez;  si estabilizamos las finanzas públicas, por corolario, mejora la economía, es decir la economía privada. Otro enfoque sugiere que si el gobierno reduce sus gastos, eliminando naturalmente «el botellerío» y reorganiza el Estado, suprimiendo dependencias circunstancialmente innecesarias, acompañado esto de un plan mínimo, fruto de un pacto social, mediante el cual el sector privado se plantee propuestas de incentivo al mercado, en corto plazo echaríamos adelante.

¿Qué tenemos? La percepción es que el modelo aplicado desde inicio de los noventa llega a su agotamiento, y República Dominicana tarda, por lo pronto, en redefinir su papel en la economía mundial. ¿Podremos descansar exclusivamente de los servicios? ¿Podrán nuestros partidos continuar sobre los mismos esquemas frente a una economía y sociedad que puja hacia nuevos horizontes, de apertura globales, versus  práctica vertical del ejercicio político partidario, en una plataforma en que se disputa una domocracia representativa con una ciudadanía reclamando mayor participación?

Al decir de los técnicos del PLD y de otros economistas es que el gobierno se ha quedado sin recursos para enfrentar sus retos, y debe reajustar los impuestos. Hay quienes contraponen la idea de introducir el desmonte de los impuestos al consumo, sobre la base de que el itbis puede ir bajando en vez de subir, algo así como aplicar la política de precios de los restaurantes chinos: bajo los precios y vendo más; bajo los impuestos y logro mayor nivel de recaudación. Otros sugieren aprovechar la ocasión para replantearnos una reforma integral que incluya los aranceles o tributos aduanales, y evitemos volver sobre el tema en un futuro inmediato. Y que un nuevo régimen impositivo vaya acompañado de un plan, aunque mínimo, de relanzamiento de nuestra economía, es decir que vayamos más allá de solucionar el problema de liquidez gubernamental.

Las nuevas autoridades apelan a la sociedad para que contribuya a la solución de iliquidez en el gobierno, en el entendido de que superado esto, la economía mejora. Pero la sociedad esperaba medidas que relanzaran la economía para que, reactivado el mercado (la solución del todo) el gobierno resolviera la falta de iliquidez (o mejoría de las partes).

Siendo este el drama, se requiere de mayor consenso y de un voto de confianza a las nuevas autoridades, las que habrán de esforzarse en demostrar imaginación para jamás desempolvar los planes de contingencia o de compensación social que desde Jorge Blanco comenzaron aplicarse como contrapartida a los ajustes fondomonetaristas, con resultados cuestionables. Si ofrecemos un voto de confianza a las próximas autoridades, éstas están en la necesidad de crear las condiciones para devolverle al país la confianza que ha perdido en sus líderes, en la gestión estatal, porque ni siquiera un ventorrillo podemos mantener en pie en un país que se desploma sin ningún proyecto de nación que nos coloque más allá de medidas coyunturales.