FABIO R. HERRERA-MINIÑO
La notoria falta de mantenimiento, que exhiben las obras públicas, ya está ocasionando severos daños a esenciales instalaciones de la infraestructura física de la Nación, cuando las vías públicas están llenas de hoyos e intransitables en muchos lugares; las edificaciones que alojan escuelas, hospitales y otras dependencias públicas, experimentan daños notables, donde el sello de distinción son los malos olores de los santuarios en condiciones nauseabundas e irreparables.

El caso de deterioro de las principales carreteras es notable, pese a que en la autopista Duarte hay brigadas permanentes de limpieza de cunetas, y ahora se inició el mismo proceso en la 6 de Noviembre, pero en las demás carreteras, diariamente en la prensa se leen las quejas de los usuarios, por la cantidad de hoyos que tiene la superficie de rodadura, que ya una vez tenía un asfalto reluciente y en buenas condiciones.

Las carreteras del norte, en especial las que unen a Puerto Plata con el resto del país, tanto hacia Navarrete como hacia Nagua y Samaná, experimentan daños irreversibles aún cuando hace pocos meses que su capa de rodadura fue reforzada con nuevas colocaciones de asfalto, pero por falta de limpieza de las cunetas, está en proceso de dañarse.

La carretera desde la autopista Duarte a San Francisco de Macorís-Nagua, se ha convertido en un suplicio transitarla, más ahora, que por falta de mantenimiento se desplomó el puente sobre el río Camú en la carretera Pimentel-Cotuí, cosa similar estuvo a punto de ocurrir en el puente de Ranchito, La Vega, que tampoco se le daba mantenimiento preventivo.

Las edificaciones constituyen un monumento de la desidia de funcionarios por el descuido en el mantenimiento preventivo. Eso no figura en sus prioridades, lo de ponerle atención debida, cuando tan solo era necesario cambiar una zapatilla de un baño o corregir una gotera en el techo y lo dejan evolucionar hacia un daño irreparable y nulo para los servicios. Las escuelas y hospitales se convierten en manchas indelebles de administraciones que supuestamente son los salvaguarda de los intereses nacionales.

Ahora, casi todos los ingresos fiscales, que no son pocos ya que superan los 14 mil millones de pesos mensuales, están destinados mayoritariamente a pagar la deuda externa, contraída para conveniencia de los políticos para nutrirse de comisiones, situación que se repite con lo que ocurre en el servicio eléctrico, donde la deficiencia y precariedad del suministro, habla a las claras de connivencias funestas en un sector que se ha enriquecido con los padecimientos de la población por la falta de energía.

Tan solo los recursos llueven con fluidez hacia el proyecto insignia del gobierno que es el Metro, donde hábilmente ya se está trabajando en toda la longitud de la primera línea, con las calles destruidas y llenas de profundas zanjas. Y es que de esa manera la obra no puede detenerse. Ojalá que ese esfuerzo no decaiga, para ver si a mediados del año que viene el tramo del Villa Mella-La Isabela inicie su operación, mientras que el resto del trayecto ya tenga sus túneles tapados y ocasionando menos tropiezos a la población, parte de la cual ha visto quebrar sus negocios, así como el disgusto de millares de habitantes, que se les ha alterado su forma de vida por los inconvenientes de un proyecto necesario, pero por encima de la capacidad financiera de la Nación.

La falta de mantenimiento de las obras públicas ha sido un mal endémico de todos los gobiernos que han disfrutado el poder desde 1966. Ha sido una constante de los presidentes preferir cortar la cinta de una nueva obra, que se convertiría en ruinas en poco tiempo, a proporcionar un mantenimiento preventivo a lo ya existente, de forma que rindiera un servicio adecuado. El resultado lo vemos de cómo las obras públicas se desmoronan y es necesario que las comunidades protesten para que se les construyan nuevas, que luego correrán la misma suerte de las antecesoras.

Ahora que se está procesando la ley de gastos e ingresos públicos para el año que viene, lo ideal sería ver que se destinen los recursos necesarios para en acudir en socorro a la infraestructura física de la Nación. Y hacerle ver a los funcionarios su gran responsabilidad de velar por lo establecido en el decreto que los designó. No es para ver cuál es la obra con que van a ganar jugosas comisiones, sino comprender que lo ya existente es para velar por su utilidad y que cumpla con tales objetivos. No esperar las presiones externas de la comunidad, que decide reclamar para resolver lo destruido por descuido de funcionarios, que por creer que se trata de una obra pública, se le puede hacer fiesta.