MIGUEL TERC
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Una medida que traería una especie de aire fresco y renovador de la nueva administración gubernamental sería la revisión hacia la baja del impuesto a los combustibles, una demanda hecha por diferentes sectores, encabezados por los productores de bienes y servicios. Es una necesidad actualizar y modernizar sus cálculos y metodología para reducir el efecto inflacionario en la población.

Los gravámenes actuales que se aplica a los derivados del petróleo están desfasados y diseñados en la época que el precio del barril de petróleo era de U$28  en average, tarea puesta en manos de economistas fondomonetaristas, con poco nivel de conciencia respecto de las necesidades inmediatas de las clases necesitadas. Estos elevados porcentajes en los impuestos, al día de hoy, son irreconciliables con los exorbitantes costos del crudo y deben ser actualizados urgentemente para que el Estado siga percibiendo sus ingresos históricos, sin ser un impuesto adicional que perjudique a los menos afortunados, quienes carecen de capacidad para adquirir su galón de gasolina para su motor, o prender su plantica eléctrica en su negocio o en el campo por unas horas. El argumento puesto, muy oxidado por cierto, es de que ese impuesto es para pagar la deuda externa, no aplicaría ya que aconsejamos en forma salomónica a que se siga saldando la deuda para calmar a los acreedores extranjeros pero con menores porcentajes de cargas impositivas. Lo ideal sería un impuesto fijo y no un porcentaje. Con estas medidas, además, se abriría el trecho para  fomentar la producción agrícola, porque las maquinarias serían encendidas a un costo menos elevado para quienes cultivan la tierra. Y también el gasto sería menor para llevar los productos hasta los puntos de distribución.

Urgentemente tenemos que buscar la forma más aconsejable y prudente  de bajar el elevado impuesto que pagamos por un galón de gasolina.