La sociedad está estupefacta con los desastres que se denuncian en el seno del gobierno, pero al parecer hay otros que ya el rumor público coloca en niveles peores, que sobrepasan el calificativo de alarmantes. La imaginación popular, a veces con razón estimulada a no tener límites, ya comienza a entender que todo está podrido, lo que resulta sumamente preocupante.
Parte del problema consiste en que hay políticos que entienden que, si con ellos se formalizan alianzas, por vía de consecuencia pasan a ser los caciques de las entidades donde son designados. De esa forma suponen contar con la complacencia no solo de los superiores, sino de los encargados de velar por los controles, porque pudieron haber surgido de arreglos similares.
Lamentablemente muchos cargos obedecen más que a virtudes y capacidades, a arreglos que desde el inicio suponen aprobación a dejar hacer y dejar pasar, con el objetivo de mantener un clientelismo paralítico contento o controlado, así como para compensar los gastos que efectuaron durante la campaña. Y así no podremos tener un Estado de respeto ni una administración que se pueda considerar transparente y eficiente.
Pero lo que se denuncia ahora como grave dentro de las instituciones oficiales, podría resultar chiquito con los posibles anuncios que desde ya se comienzan a barajar dentro del gobierno a partir de agosto, con el objetivo garantizar alianzas con miras a las elecciones del 2010 y para el futuro.
Se habla de injertar en el gobierno a nuevos funcionarios, que como socios vendrían a cumplir metas políticas específicas, que para nadie es un secreto requerirán de mayores recursos, empleos, publicidad, manejos expeditos, fondos para dádivas políticas proselitistas, etc. Eso podría ser el inicio de otras novelas que indudablemente contribuirán al desastre total de la administración pública, porque desde antes de comenzar, la gente se puede imaginar a lo que van.
Si no se crean urgentemente mecanismos mucho más diáfanos y verdaderamente transparentes en cuanto a las asignaciones de fondos a cada institución y a su vez no se establecen las formas en que se pueden utilizar esos recursos, a pesar de que algunos amigos señalan que los mecanismos existen pero que no se cumplen, habrá que decir como el pueblo: que Dios nos agarre confesados.
Si el Congreso, los partidos y la sociedad civil, al margen de las débiles normas existentes, pero que no se cumplen, no exigen la creación de comisiones multidisciplinarias que velen, especialmente durante los procesos electorales, las formas como se distribuyen y se manejan los fondos públicos en todas las instituciones, estaremos propiciando un desastre de magnitudes impredecibles.
Si no se le pone coto urgente a la política de manejo oficial clandestino y antojadizo, estaremos abonando la percepción popular de que todo está perdido y promoviendo opciones no democráticas ni institucionales. Porque cuando la democracia deja de ser un instrumento creíble y viable, corre el peligro de ser ignorada por su base de apoyo popular o por sus beneficiarios tradicionales.