Luis Scheker Ortiz 
Renové mi respeto por del Magistrado Juez Francisco Ortega Peguero por su profesionalidad, su probidad e independencia, cuando designado Juez Especial de Instrucción de la Suprema para conocer y tomar medidas en el proceso seguido a los implicados en prácticas de soborno y sobrevaluación de obras adjudicadas a Odebreth, no cayó en la rampa y aplicó aquellas que a su entender merecían los encartados según la gravedad de su falta y participación en el escándalo Odebrecht sopesando las pruebas de cada expediente sometido por la Procuraduría General de la República.
En ese tenor, libre de prejuicio, no vaciló en imponer medidas de coerción de un año y de 8 en Najayo a los imputados Ángel Rondón Rijo, confeso agente al servicio de Odebrecht, y al Ing. Víctor Díaz Rúa, activo Ministro de Obras Públicas en la serie de contrataciones y sobrevaluaciones de múltiples obras estatales adjudicadas a Odebrecht, y más benignas a los demás encartados que diluyeron el proceso y poco después pudieron marchar sonrientes a su casita de chocolate donde reina la paz “con cara de yo no fui”, aunque no liberados del todo de la opinión pública.
La variación de la medida de coerción dada por el mismo Juez que ordenara prisión preventiva sin tener nuevos elementos que lo justifique, contrario al parecer y actitud de la Fiscal Preventiva contra la Corrupción, Magistrada Laura Guerrero, que veía remota esa posibilidad, ha desatado los demonios. El Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez la califica de “funesta y sospechosa”, denunciando “la iniquidad con que algunos jueces aplican las leyes”, llamando al pueblo (atención Marcha Verde) a mantenerse vigilante ante las actuaciones de jueces de la Suprema Corte “que no asumen su responsabilidad en la lucha contra la corrupción y la impunidad.” ¡Hay que ver para creer!
¿Qué nuevos elementos de juicio tuvo el Magistrado Ortega que no tuviera cuando dictó aquellas medidas contra los dos principales inculpados? ¿Sería suficiente la presencia de los garantes que responderían al pago de multas de 70 y 50 millones de pesos impuestas a sus protegidos Ángel Rondón y Díaz Rúa en caso hipotético que incumplieran las medidas adoptadas y se alzaran con el santo y la limosna? No lo creo. ¿Intervino, entonces, alguna mano prodigiosa que le hizo ver su desatino y lo malo de obstinarse en lo absurdo?
Lo cierto es que la atmósfera política-social ya recargada con casos como Odebrecht, los Tucanos, Punta Catalina para solo mencionar los más sonados, se siente a punta de estallar y aborta con la amenaza de someter penalmente al Presidente de la República ante esos mismos jueces “que no asumen su responsabilidad.”
Siempre será, más que la intervención del aparato judicial y sus maniobreros, la voluntad popular, el despertar de una consciencia ciudadana, individual y masiva, firme, decidida, coherente la que hará posible la vigencia y aplicación de su Constitución y sus leyes; el cambio deseado que demanda una sociedad vapuleada y maltrecha pero no vencida: la nación dominicana.
