El desplome del muro del paso a desnivel 27-Máximo Gómez que segó la vida de ocho personas, entre ellas cuatro puertorriqueños, constituye el más impactante de los tantos lamentables hechos registrados durante el torrencial que anegó el país el pasado fin de semana. La magnitud del desastre en zonas rurales y urbanas más que de las lluvias, en última instancia, es resultado de los graves desaciertos de la gestión de los espacios naturales y construidos, de la pobre institucionalidad y las fracturas sociales que nos lastran. Que se conocieran previamente las malas condiciones del muro, la dimensión el colapso del tránsito, transporte y tráfico, básicamente en el Gran Santo Domingo, la cantidad de desechos sólidos que obstruían su drenaje pluvial, son ejemplos.

En efecto, reportan los medios de comunicación que desde más de dos décadas ingenieros del CODIA advirtieron vicios estructurales del muro. De ser así, no se actuó con la debida diligencia, máxime cuando el noviembre pasado advirtió la magnitud y peligrosidad de los cambios climáticos con una cantidad de lluvia récord en 24 horas, roto por las caídas en el presente. La pregunta es ¿Quién no actuó diligentemente? En cualquier país mínimamente institucionalizado sería el Ayuntamiento, es más, cuando suceden desgracias como esta, incluso de menor calado, es frecuente que el encargado de obra de esa institución renuncia. Pero, de formalizarse una demanda, ¿Cuál institución sería la demandada?

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Las obras más impactantes sobre las ciudades las hacen básicamente los ingenieros de Obras Públicas, pero, de acuerdo con el marco competencial de los entes locales, son estos quienes tienen la obligación, en primera instancia, de gestionar el impacto que estas tienen sobre el tránsito, transporte, tráfico, en lo urbano y el ordenamiento territorial. Además, en momentos de grandes eventos naturales, estos son desplazados por las acciones del Gobierno central con las conocidas improvisaciones, dejaciones y dejadez…

Defensa Civil, 911, comisiones varias y otras instancias son útiles en estos casos, pero lo determinante es una correcta gestión y ordenación del territorio, lo cual es competencia indeclinable del municipio. Toca a las federaciones de municipios y distritos municipales y fundamentalmente a la Liga Municipal Dominicana y al Gobierno central, pensar seriamente esta circunstancia y extraer la debida lección, les toca insistir en que el país se dote de un poder local que exprese consecuentemente el principio de descentralización y de la subsidiaridad del municipio. Es la mejor y única forma de ordenar eficientemente el territorio.