El destape de la corrupción debilita la gobernabilidad en Brasil y Guatemala      

Corrupcion

Bogotá. Poner la corrupción al descubierto es la consigna del momento en algunos países latinoamericanos como Brasil y Guatemala, donde los actuales mandatarios están bajo sospecha y la gobernabilidad se tambalea a medida que avanzan las investigaciones.

La detención de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti por sus presuntos vínculos con una red de corrupción enquistada en las aduanas de Guatemala ha puesto al presidente de ese país, Otto Pérez Molina, en una situación similar a la de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, con el gigantesco escándalo en Petrobras.   Mientras en Brasil grupos opositores tratan de impulsar un juicio político de la presidenta con vistas a su destitución, en Guatemala el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) solicitaron hoy el “antejuicio” de Pérez Molina.

El antejuicio tiene como fin quitar la inmunidad al jefe de Estado para que pueda ser investigado por el mismo caso por el que la “número dos” de su Gobierno renunció en mayo pasado y fue detenida hoy.   La principal diferencia entre la situación de Pérez Molina y la de Rousseff es que él debe dejar el poder pronto -el 6 de septiembre los guatemaltecos elegirán a su sucesor- y ella inició su actual mandato, que es el segundo consecutivo, el 1 de enero de 2015.

Por el caso “La Línea”, como se conoce la red que propiciaba fraudes aduaneros a cambio de dinero, hay hasta ahora 27 detenidos, incluida la ex vicepresidenta Baldetti.   Por el caso Petrobras hay una larga y creciente lista de políticos, exdirectivos de la petrolera y ejecutivos de importantes constructoras que son investigados como sospechosos de beneficiarse de un sistema que servía para ganar mucho dinero a costa de la empresa, lo que equivale a decir del Estado.

La envergadura del escándalo es tal que la organización anticorrupción Transparencia Internacional se propone investigar posibles “réplicas” de esta alianza ilícita entre grandes empresas constructoras y el poder político en siete países de América Latina- Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela.