Cada año, el día 7 de enero, se celebra el Día del Poder Judicial, donde el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Luis Henry Molina, acompañado del Presidente de la República, del representante del Poder Legislativo y dignos funcionarios, expuso en su tradicional discurso, un recuento de las labores realizadas en este último periodo, destacando como logros la reducción de la mora judicial y sugiriendo cambios necesarios en la dirección del sistema carcelario, bajo la dependencia del Ministerio Público y la creación de un instituto que elimine su condición de miembro del “Consejo Nacional de Defensa Pública”.

Como es bien sabido, el Poder Judicial, junto a los poderes Legislativo y Ejecutivo constituyen los tres poderes del Estado de acuerdo al Art. 4 de la Constitución de la República, que determina la naturaleza y esencia del Gobierno de la nación y la separación e independencia de dichos poderes.

El Art. 149 al referirse al Poder Judicial declara que “este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y las leyes” definiendo, en su párrafo I, la función judicial consistente en administrar justicia decidiendo conflictos judiciales juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado”.

A seguidas el Art. 151 ratifica su independencia y además garantiza la imparcialidad, responsabilidad e inmovilidad de los jueces, en tanto el Art. 152, señala que la Suprema Corte de Justicia “es el órgano jurisdiccional superior de todos los organismos judiciales, siendo su titular el presidente del Consejo del Poder Judicial, determinando (Art. 154) sus múltiples y delicadas atribuciones.

Por ello, llama poderosamente la atención la homilía pronunciada por el obispo auxiliar de Santo Domingo José Durán Tineo, en la misa celebrada ese día en la Catedral cuando, haciendo coro con el (PLD Dominicana) y sus dirigentes, insta a los jueces a “ser prudentes y apegados a la ley, a no dejarse influenciar por la avalancha de la opinión pública que hace tanta presión a la hora de emitir una sentencia, “evitar politizar los procesos judiciales y las sentencias” como si esa no hubiera sido la política adoptada por el actual Gobierno y su presidente Luis Abinader, y la conducta intachable asumida por la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y jueces apoderados que han actuado “conforme con su deber y su conciencia”, habiendo sido los implicados en cada caso sometido a la acción de la Justicia, previa investigación realizada, captación de documentos y allanamientos de bienes mal habidos conforme con la ley y la Constitución que incrimina como crímenes y delitos la malversación de fondos públicos, lavado de activos, corrupción, prevaricación, abuso de autoridad, cometidos en franco contubernio por militares, empresarios, funcionarios, familiares y amigos al amparo de autoridades y gobernantes que habrán de responder por sus acciones.