Lo que subyace alrededor del debate sobre la continuidad en el poder y el interés en reformar la Constitución obedece a una lógica de preocupación derivada de las consecuencias jurídicas al salir del gobierno. En esencia, el cuadro de todo el continente se reduce a procesos de persecución penal de expresidentes, ministros y empresarios que toman ventajas en sus relaciones, casi siempre, convirtiendo parte del presupuesto nacional en patrimonio personal.
Las transformaciones experimentadas en la lucha contra la corrupción y afán de impulsar procesos de adecentamiento de la vida pública tiene en América Latina el “inconveniente” de una tradición caracterizada por gobiernos tendentes a hacer de su estadía en la función administrativa una oportunidad de tomar ventajas estructurando niveles de acumulación cercanos a la locura. Inclusive, la retórica ética asumida por el discurso de una franja del pensamiento liberal se hizo sal y agua, cuando pasamos balance de experiencias como Brasil, Salvador, Nicaragua y Venezuela. Afortunadamente, quedan las señales de Bachelet y Mujica, dándole al mundo pruebas del compromiso con la transparencia.
Antes, en un mundo caracterizado por la senda ideológica, se presumía que la escasa fascinación por la gestión decente obedecía a la naturaleza conservadora que, sin sustentación moral, colocaba la actuación de los gobiernos alrededor de las reglas de un mercado donde el sentido de la acumulación constituía la meta de todo ciudadano. Grave error. Y el paso del tiempo demostró que más allá de la retórica respecto de componentes de izquierda o derecha, los pueblos tienen sed de encontrar funcionarios públicos con sentido y compromiso caracterizados por colocarle límites a una historia maldita que hizo del acceso a un cargo oficial la oportunidad de oro para multiplicar riquezas. Los dominicanos, desde el inicio de la llamada transición democrática, sabemos perfectamente que en la administración del PRSC, PRD y PLD existen exponentes del modelo de acumulación vía presupuesto nacional. No obstante, sus manifestaciones indecentes de riquezas sin consecuencias penales han sido sustituidas por un significativo incremento del cuestionamiento ciudadano que, cuando no encuentra sanciones en el ordenamiento jurídico, deposita en la impugnación social la modalidad de cerco y exclusión capaz de enviar una señal al beneficiario y sus familiares de la inconformidad cívica respecto de sus inconductas.
En el ámbito local, el problema estructural que enfrenta en partido oficial radica en los riesgos de exponentes de la administración Medina Sánchez que conocen a ciencia cierta las dificultades procesales que se desatarán como resultado de su salida del gobierno. Por eso, la negociación política tiende a orquestar todo un tinglado que garantice “tranquilidad” porque los pellizcos, intrigas y maldades contra el sector adverso fueron imprudentes que no pactar situaciones para el día después los coloca en una posición de altísimo riesgo. Además, se intuye que algunos perciben mayor comodidad ante la eventual victoria opositora que necesita de la ayuda y/o pasividad de la acción gubernamental en tiempos de campaña caracterizada por un clientelismo salvaje donde la pura y simple intervención estatal transforma votos de manera vertiginosa. Éstos serán los menos, pero las heridas podrán cicatrizar en medio de un pacto de conveniencias. Ahora bien, la llegada victoriosa del sector antagónico augura días terribles.

En el gobierno existe plena conciencia de las consecuencias del día después. Y en ese sentido, fueron articulando una red de relaciones provechosas en el marco de sus vínculos con la oposición, estableciendo preferencias sobre determinados dirigentes “ideales” para viabilizar sus aspiraciones y preservarlos en el control del aparato de sus organizaciones. Todos los caminos conducen a la edificación de la tranquilidad del día después. Insisto, no es con amenazas ni intención de fastidiar la reputación de funcionarios porque la ciudadanía sabe distinguir entre el ejercicio correcto y los desbordados.

La perturbación comienza el 17 de agosto del 2020.