El día que la República Dominicana dejó de existir y se anexó a España

El pueblo dominicano se constituyó en un estado independiente el 27 de febrero de 1844 con el nombre de República Dominicana. A partir de ese momento comenzó el proceso de construcción de la identidad nacional en medio de un real estado de guerra con sus anteriores dominadores, los haitianos.

El período histórico político iniciado en 1844 se conoce como “la Primera República”, que duró hasta 1861. Durante ese interregno predominaron dos grandes caudillos en el escenario político criollo, los generales Pedro Santana y Buenaventura Báez.

En torno a ellos giraron las más destacadas figuras políticas de la sociedad dominicana, tanto conservadores como liberales.

Ninguno de esos dos grandes caudillos tuvo fe en la capacidad del pueblo dominicano para preservar la independencia nacional con sus propios recursos.

Ello explica el motivo por el cual la política exterior del joven estado dominicano se caracterizó, desde su nacimiento, por diferentes tentativas llevadas a cabo por el sector conservador para gestionar un protectorado bajo la tutela de Francia, Inglaterra, Estados Unidos o España.

Al proceder así, los conservadores consideraban que era la única manera de garantizar la existencia política del pueblo dominicano como nación independiente respecto de Haití, cuyos dirigentes insistían en la cuestión de la indivisibilidad de la isla.

En vista de que ninguno de esos dos caudillos nunca tuvo fe en la capacidad del pueblo dominicano para sostenerse independiente, cada vez que tuvieron oportunidad de dirigir los destinos nacionales hicieron cuanto les fue posible para lograr un protectorado o anexión de Santo Domingo de cualquiera de las potencias que entonces ejercían influencia en la región del Caribe, en principio a cambio de la cesión de una parte del territorio dominicano, especialmente la bahía de Samaná.

A mediados de 1858, tras una revuelta política que destituyó a Buenaventura Báez, su tradicional antagonista, el general Pedro Santana de nuevo ocupó la presidencia de la República.

Pero la delicada situación económica del país generaba gran preocupación de las autoridades, ahora temerosas de no poder estructurar una defensa efectiva del territorio nacional frente a una eventual invasión militar haitiana.

Si bien por un lado el presidente de Haití, Fabré Geffrard, había desistido públicamente del proyecto de la “una e indivisible”, además de que se había comprometido a no invadir militarmente el territorio dominicano; por otro lado surgió un nuevo ingrediente que exacerbó aun más la preocupación dominicana: en las regiones fronterizas del Sur y del Norte comenzó a desarrollarse un inusual y próspero comercio que recordaba los lejanos tiempos de las colonias francesa y española.

Temeroso el Gobierno de que el auge de ese comercio fronterizo, cada vez más creciente, terminara por “haitianizar” las áreas dominicanas colindantes con el vecino país, el presidente Santana inició gestiones diplomáticas ante el reino de España con el fin de concertar un protectorado político y económico.

El año de 1859 el general Felipe Alfau, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del gobierno ante el reino de España, gestionó una entrevista con Su Majestad Isabel II para solicitar formalmente un protectorado para la República Dominicana.

Se consideró entonces que tal medida contribuiría a fortalecer el posicionamiento estratégico de España en las Antillas, ya que la República Dominicana pasaría, junto con Cuba y Puerto Rico, a formar parte de su esfera de influencia en la región.

Mas no transcurrió mucho tiempo para que la misión de Felipe Alfau modificara su propuesta ante las autoridades españolas y, en lugar de un protectorado, formalmente solicitara, como en efecto lo hizo, la reincorporación de Santo Domingo a España en calidad de provincia ultramarina.

Al siguiente año, un comisionado español, el brigadier Joaquín Gutiérrez de Ruvalcaba, fue enviado a Santo Domingo para realizar una evaluación sobre las condiciones prevalecientes en el país, al tiempo de identificar las ventajas que podían derivarse de una eventual anexión del país a España.

La presencia de este funcionario, y de otros comisionados, al igual que las gestiones de las capitanías generales de Cuba y Puerto Rico, provocó la reacción de los baecistas y de otros opositores políticos contra Santana quienes, desde Saint Thomas, Curazao e incluso desde Haití, iniciaron una campaña denunciando el proyecto anexionista.

A esas presiones políticas se sumaron las intrigas de diversos representantes diplomáticos de Francia, Inglaterra y de Estados Unidos quienes, naturalmente, también se oponían a cualquier proyecto de protectorado o anexión que pudiera afectar sus intereses en la región.

Avanzadas las negociaciones con el gobierno español, el presidente Santana envió un nuevo emisario, esta vez al ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Ricart y Torres, con una propuesta definitiva para consumar la anexión.

Formalmente el presidente Santana planteó lo siguiente: España se comprometería a considerar el territorio dominicano como provincia ultramarina española; los dominicanos disfrutarían de los derechos y beneficios correspondientes a todos los españoles.

Asimismo, se respetaría el mandato constitucional dominicano que prohibía para siempre la esclavitud; los militares y empleados públicos conservarían sus posiciones dentro del nuevo orden colonial.

Se amortizaría el papel moneda dominicano en circulación; y se mantendrían vigentes las leyes dominicanas siempre y que no estuvieran en contradicción con las normativas españolas para sus provincias ultramarinas.

En abril de 1860, en una comunicación dirigida a la Reina Isabel II, el presidente Santana le expresaba que, luego de 17 años de guerra continua, la confianza en el porvenir del pueblo dominicano se hallaba depositada en la necesidad de que España accediera a la anexión del país acontecimiento para el cual fue preparando el terreno cuidadosamente.

Así las cosas, al cabo de un año, el 18 de marzo de 1861, Pedro Santana convocó a un grupo de sus seguidores frente al balcón del Palacio de gobierno, situado delante de la plaza de armas (hoy parque Colón), para anunciarles que a partir de ese día la República Dominicana dejaba de existir como entidad política y que Santo Domingo se integraba a España en calidad de provincia ultramarina.

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Justificó tal medida argumentando que durante mucho tiempo siempre habían existido agentes, internos y externos, interesados en arrebatarle al pueblo dominicano dones tan preciosos como la religión, el idioma, las creencias religiosas y sus costumbres, pero que en esos precisos instantes España, cual madre amorosa, le abría sus brazos al pueblo dominicano y recuperaba al hijo “perdido en naufragio que ve perecer a sus hermanos”.

La anexión, explicó Santana, le garantizaba al pueblo dominicano la liberatad civil que disfrutaban los españoles, al tiempo que alejaba para siempre la posibilidad de perder la libertad nuevamente.

Tras ese paso, aseguró el gobernante, España asegurará “nuestra propiedad, reconociendo válidos todos los actos de la República”, ofrecerá “atender y premiar al mérito, y tendrá presente los servicios prestados al país; y “en fin, trae la paz a este suelo tan combatido, y con la paz sus benéficas consecuencias”.

Terminó su arenga con un ¡Viva doña Isabel II!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la religión!, ¡Viva el Pueblo Dominicano!, y, ¡Viva la nación española!

Mientras Santana pronunciaba su discurso, en la Torre del Homenaje se arriaba la gloriosa bandera tricolor de los trinitario y, en su lugar, fue izada la bandera de España.

Comenzaba así una nueva etapa política para el pueblo dominicano que ahora ya no era soberano e independiente, como soñaron los Padres Fundadores del estado dominicano, sino una lejana y empobrecida provincia ultramarina del entonces decadente imperio español en la región del Caribe.

La anexión a España en 1861 constituyó un grave error político. La República Dominicana dejó de existir y Pedro Santana trocó su papel de Presidente de un país soberano por el de Capitán General de una provincia ultramarina española.

Cierto es que recibió títulos militares y nobiliarios, como Gobernador y Capitán General, Teniente General y Caballero de la Real Orden de Isabel la Católica, así como también Marqués de Las Carreras. Pero no pudo disfrutar de esos galardones por mucho tiempo debido a que muy pronto pudo comprobar que su proyecto anexionista no había merecido el apoyo general de la población y las consecuencias de su proceder inconsulto fueron inmediatas y el pueblo dominicano no tardó en pronunciarse en favor del retorno a la independencia nacional.