La falta de inmunizaciones contra el virus SARS-CoV-2 es de alto riesgo para República Dominicana y la llegada de dosis que parecía inminente sigue sin fechas concretas. Disponer de vacunas debería estar liberado de restricciones a entidades de la sociedad en forma de patronatos, cooperativas, consorcios farmacéuticos y clínicos y empresas que estén en capacidad de importarla agenciándose patentizados para descargar de gastos al Estado. No significa que las adquisiciones y usos de las dosis vayan a escapar a controles oficiales. El Gobierno debe ejercer permanentemente y a plenitud su autoridad en todo lo que se refiera al acceso de los dominicanos a los medicamentos. Sin su autorización de la A a la Z ningún fármaco puede aparecer en el mercado.

Los sectores en condiciones de lograr su propia vacunación deben estar autorizados a hacerlo, lo que no significaría colocarles en situación de privilegio sino abrir la nación a más posibilidades de agilizar el llenado de un preocupante vacío que propicia contagios y defunciones. Ya antes importantes empresas del país aportaron con sentido social corporativo el primer gran financiamiento para garantizar la obtención de vacunas. Hasta en eso ya existe la alianza público-privada. Ninguna modalidad tendente al abastecimiento de inmunizaciones al territorio nacional debe descartarse en medio de esta emergencia y del afán acaparador de grandes países.

Víctimas de toda la vida

Los estallidos huelgarios que quedan en este país, donde los conflictos salariales no ocasionan problemas a empleadores privados, siempre tienen como blanco de sus daños a multitudes indefensas. Los paros de transportistas revoltosos descargan todos sus perjuicios sobre la enormidad de usuarios de pocos recursos que de ellos dependen.

Víctimas propiciatorias. Les infligen castigo para presionar a los gobiernos. Cuando médicos y enfermeras abandonan puestos, lo que hacen es utilizar como «preservativos» a los enfermos haciéndoles sufrir y morir para que les hagan caso. Brutal e inhumano tratamiento. Y en el ámbito universitario, como ocurre en este momento en la UASD, la negación de docencia golpea exclusivamente, de manera inmisericorde, a muchedumbres que no puede prescindir de esa academia para hacerse profesionales.