He escrito en este espacio de opiniones más de diez artículos sobre reformas institucionales. En reiteradas ocasiones, hemos hablado sobre los miles de millones de dólares en préstamos internacionales y donaciones gastados por los Gobiernos para promover estas reformas.

Reconocemos que se han visto algunos resultados, pero por lo general éstos han sido insignificantes, si calculamos las cuantiosas sumas invertidas en esta materia.

Al pasar revista de los sectores que más dinero han recibido para fortalecer sus estructuras y adecuarse a las nuevas tendencias reformadoras, uno concluye que es donde más problemas subsisten. Vea usted el caso de salud, educación, agricultura y energía que han recibido préstamos y donaciones superiores a los 2.5 mil millones de dólares en los últimos 30 años, únicamente para su fortalecimiento institucional, lo que debió darle un giro hacia delante de 180 grados a sus modus operandi.  Pero qué va. Estos sectores, por el contrario, han empeorado respecto a 20 años atrás.

En materia de reformas constitucionales pasa exactamente lo mismo. Todas han sido para empeorar las cosas, excepto por algunas mejoras introducidas en el sector judicial, que fortalecieron su independencia.

Mientras tanto, en el país se profundiza la falta de autoridad debido a ese desorden que prevalece en todo el quehacer institucional público. Y es aquí donde el Gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil deben concentrarse y aunar sus esfuerzos en cualquier intento de diálogo que se produzca.

Reestablecer la autoridad es una prioridad nacional. No se puede seguir con un esquema institucional público donde cada quien hace lo que le da la gana. Donde cada cuatro años las nóminas se duplican. O peor aún, donde han desaparecido los equipos técnicos adecuados para ofrecerle un servicio público eficiente a los ciudadanos. Para superar esa espantosa situación no hay que intentar más reformas con financiamiento externo sino reestablecer la autoridad.

Pero también hay una notoria falta de autoridad en muchos otros aspectos de la vida diaria. Por ejemplo,  en materia de seguridad ciudadana, el propio Secretario de Interior y Policía cuestiona la autoridad moral de las agencias de orden público. La frontera sigue siendo un centro de operaciones ilícitas donde se trafica de todo ante los ojos de las propias autoridades. La impunidad contra los poderosos que infringen la ley sigue imponiéndose en todos los órdenes, demostrando que aquí nadie ejerce su autoridad para cambiar las cosas.

En el tránsito o en los servicios de electricidad, la autoridad brilla por su ausencia al no aplicarse sanciones ejemplares. Cuando se trata de fiscalizar o aplicar la ley para regular las actividades públicas y privadas, nadie quiere ejercer su autoridad porque los responsables entienden que eso puede volverse contra ellos mismo.

En fin, hemos llegado a un punto donde ejercer la autoridad puede constituirse en un riesgo personal más grave que la misma falta de autoridad.

Bueno, seguiremos escribiendo más artículos sobre este tema, aunque pocos le den la importancia que amerita.