La  compra de una vivienda o apartamento es una de las inversiones más importantes que realiza una persona a todo lo largo de su vida. Obviamente que la adquisición de un inmueble conlleva tranquilidad  y sosiego a la familia.

De ahí que antes de formalizar el contrato de compra venta, el comprador tome todas las precauciones de lugar, particularmente referencias exactas sobre la solvencia moral del o los responsables de la construcción del proyecto habitacional.

Concertada la operación, es recomendable que el interesado realice la inscripción correspondiente de la transferencia de la propiedad de forma inmediata, para evitar inconvenientes difíciles de corregir, penalmente hablando.

La advertencia surge en ocasión de los conflictos entre adquirientes de apartamentos financiados y los constructores, quienes muchas veces incumplen lo pactado. Estos contratistas, ante la ausencia de normas claras que regulen este tipo de operación, se burlan de sus clientes, que en la mayoría de los casos son personas de clase media.

Frecuentes son las quejas públicas de los gremios que agrupan a los contratistas de viviendas alegando falta de garantía jurídica, aumentos en las tasas de interés y en los precios de los materiales, así como dificultades en la tramitación de las documentaciones, pero, sin embargo, obvian referirse a las indelicadezas de promotores que empeñan los proyectos y en ocasiones venden a más de una persona la unidad comprometida, dejando en “banda” a los compradores originales. Las anomalías de estos constructores se resume así: con avances que aportan los compradores adquieren  el inmueble donde se levanta el proyecto e inmediatamente diligencian el traspaso a su favor ante el Tribunal de Tierras y el Registro de Títulos.

Con la propiedad a su nombre, el contratista gestiona financiamiento, poniendo como garantía el mismo inmueble, lo que implica que automáticamente el condominio queda gravado a favor de la entidad que facilitó el préstamo, dejando postrados los aportes que ya  han realizado los adquirientes o futuros propietarios de las unidades habitacionales.

En caso de que el constructor se vea imposibilitado de honrar el compromiso contraído con el banco, la institución financiera ejecuta el bien, ora a través de una subasta pública o por asignación directa al mejor postor, quedando en el aire el comprador original, que regularmente ha pagado religiosamente el inicial requerido y ha realizado amortizaciones con cargo a la deuda total.   Ya con el proyecto adjudicado a su favor, él o los nuevos propietarios quedan en libertad de reajustar el valor del precio establecido con el comprador original, o en su defecto, proceden a transferirlo a terceras personas que están dispuestas a satisfacer las nuevas tarifas fijadas por los dueños del proyecto.

Casos como los expuestos anteriormente son frecuentes en la capital, y el autor de este artículo padece en carne propia la irresponsabilidad de uno de esos constructores, que después de tres años y medio de haber iniciado un condominio en el sector Mirador Norte, todavía sin terminar, ha sido notificado que la propiedad está en proceso de ejecución por el Banco Nacional de la Vivienda (BNV).