Recientemente el economista Luis Vargas publicó en el matutino HOY un artículo en cuyo título se refería a que en los últimos cinco años la República Dominicana presentaba el peor saldo comercial con los Estados Unidos en comparación con los países centroamericanos.

En cierta forma este saldo tiene su relación con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio firmado conjuntamente con Centroamérica.

La decisión de firmarse el acuerdo con ese grupo de países fue una imposición del Señor Robert Zoellick, quien a la sazón era el Comisionado de los Estados Unidos para el Comercio y en la actualidad ejerce las funciones de Presidente del Banco Mundial, imposición como respuesta a las presiones ejercidas por el Gobierno dominicano de turno para la obtención de dicho acuerdo.

Dicha decisión se apoyaba en el hecho de que el tratado sería el mismo modelo aplicable a todos los países y, además, porque se estimó que negociar el acuerdo individualmente con República Dominicana constituiría una pérdida de tiempo.

Cabe destacar que dada la débil posición negociadora de la República Dominicana y la urgencia que los connotados economistas dominicanos otorgaban a la firma de ese convenio, nuestro país no tuvo otra alternativa que firmar el tratado, so pena de quedarse afuera del movimiento del libre comercio promovido por la llamada globalización o Consenso de Washington. Otro aspecto a señalar es que el tratado fue redactado en el idioma inglés y los responsables de la delegación dominicana que tenían a su cargo dichas negociaciones, aunque contaban con asesoría externa, no poseían los conocimientos técnicos y legales a los que habría que sumar los de la barrera lingüística.

Para que el lector pueda apreciar los efectos positivos o negativos de ese tratado para nuestra economía, basta informarle que primeramente nuestro país, conjuntamente con las demás islas de la región caribeña, formaba parte del programa llamado Iniciativa del Caribe.

Este programa favorecía al país al permitir exportar hacia los Estados Unidos libre de impuestos el 90 por ciento de nuestras exportaciones, mientras que las exportaciones de los Estados Unidos a nuestro país estaban sujetas al pago de aranceles y tarifas aduaneras, es decir, impuestos.

Por otra parte, la República Dominicana, al ser una isla como las demás era reconocida como parte de su entorno natural, a saber, parte del archipiélago de las Antillas.

Con la firma del tratado de comercio, conjuntamente con los países centroamericanos, el país obtiene el beneficio de poder vender a los Estados Unidos libre de impuestos el 100 por ciento de sus exportaciones, en práctica un beneficio de un 10 por ciento adicional al 90 por ciento referido anteriormente.

En el caso de los Estados Unidos, cuyas exportaciones pagaban impuestos, con la firma del tratado todas las exportaciones estadounidenses se beneficiarán de una reducción gradual hasta su desaparición del pago de los aranceles y tarifas aduanales. En cierto sentido, lo anterior significa la ley del talión puesto que nuestra economía es agrícola y la de los Estados Unidos es industrial.

Del mismo modo, nuestra política dirigida hacia el exterior basada en las zonas francas sus resultados son del conocimiento de todos.

Ahora bien, en nuestra opinión saludamos que nuestro país haya sido uno de los milagros de la historia económica reciente en la región latinoamericana. Sin embargo, nuestros líderes no pueden rechazar la ley económica de la gravedad que significa que si algo no tiene ninguna base será insostenible y esta ley es válida para la política de crecimiento de las exportaciones apoyada en el desarrollo de las zonas francas, ya que para que la República Dominicana pueda mantener elevadas tasas de crecimiento económico acompañadas de altas tasas de crecimiento de las exportaciones, tendrá que duplicar o triplicar para el 2020 la participación de nuestras exportaciones en el comercio mundial.

Este esfuerzo parecería improbable en el futuro, dadas las circunstancias que prevalecen en el mercado internacional.

Del mismo modo, en la Carta de Intención dirigida recientemente al Fondo Monetario Internacional como consecuencia de la revisión del comportamiento del programa con dicha institución correspondiente al artículo 4, el propio Gobierno reconoce no sólo el no cumplimiento de algunas metas del programa, sino también las dificultades que enfrenta nuestro crecimiento económico. El principal problema de la economía dominicana es que actualmente su crecimiento es inestable, desequilibrado, sin coordinación e insostenible.

Al país se le presentan ciertos obstáculos como son la recesión global en el exterior y una economía basada en la exclusión social que genera una debilidad en la demanda doméstica.

Por ello, dichos obstáculos podrían provocar ciertos desajustes económicos y sociales que llegarían a exacerbar la descomposición del tejido social. Por ende, si no se resuelven los problemas de corto plazo, mucho menos podríamos resolver los de mediano y largo plazos. Entonces la pregunta no es si la economía dominicana deberá cambiar, sino cómo se deberá producir ese cambio. Creemos firmemente que el cambio deberá venir acompañado de la adopción de políticas públicas que generen una mayor inclusión social y que permitan la adopción de políticas de distribución del ingreso y de generación de empleo, a fin de promover un mayor consumo a nivel nacional y que no se dependa tanto de la política de promoción de las exportaciones vía el relanzamiento de las zonas francas.

El país está perdiendo dinamismo, y eso dificulta la lucha contra la pobreza y, al mismo tiempo, se ha fracasado en forma estrepitosa en enfrentar la desigualdad. La desigualdad es igual o mayor que a principios de los 90. Nuestra mayor confianza y tranquilidad reside en el hecho de que nuestros líderes nacionales tanto del sector público como del privado y la sociedad civil están visualizando los problemas nacionales y al mismo tiempo procuran soluciones alternativas. No obstante, para un país como el nuestro, tan adicto al crecimiento económico por medio de políticas de promoción de exportaciones, no le será fácil la transición hacia una sociedad económica y socialmente sostenible.

Asimismo, se alberga la esperanza de que a través de un proceso de diálogo entre el Estado, el sector privado, los partidos políticos y la sociedad civil logremos el consenso necesario que defina la sociedad que todos y cada uno de los dominicanos queremos que disfruten nuestros hijos.

Una sociedad donde prevalezcan los valores éticos, la seguridad ciudadana y la justicia social.

La cifra

90 por ciento. Era el valor que permitía a RD la Iniciativa del Caribe exportar hacia Estados Unidos, mientras las importaciones desde ese país estaban sujetas al pago de aranceles y tarifas aduaneras, es decir, impuestos.

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Efectos DR-Cafta

Para que el lector pueda apreciar los efectos positivos o negativos del DR-Cafta para nuestra economía, basta informarle que nuestro país, conjuntamente con las demás islas del Caribe, formaba parte del programa llamado Iniciativa del Caribe. Este programa favorecía al país al permitirle exportar hacia los Estados Unidos libre de impuestos el 90% de nuestras exportaciones, mientras que las exportaciones de los Estados Unidos a nuestro país estaban sujetas al pago de aranceles y tarifas aduaneras, es decir, impuestos. Por otra parte, República Dominicana, al ser una isla como las demás, era reconocida como parte de su entorno natural, a saber, parte del archipiélago de las Antillas. Con la firma del tratado, conjuntamente con los países centroamericanos, el país obtiene el beneficio de poder exportar a EU libre de impuestos el 100% de sus exportaciones.