Hoy 
UBI RIVAS
El país está sumido desde hace una treintena de años en un problema fundamental como es la estabilidad del fluido eléctrico, a precios razonables para el usuario y beneficios condignos a los generadores, y que ningún gobierno ha resuelto de manera satisfactoria y definitiva, hasta hoy.
El problema se inicia a principios de la Era Balaguer con las famosas chichiguas de Julio Sauri, eficiente y honrado administrador de la entonces CDE, hasta los días actuales, en que es menester incluir en el viacrucis la privatización del sector eléctrico dispuesta por el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, y la agravación viciosa del proceso privatizador con los acuerdos I y II de Madrid, el primero por el presidente Fernández y el segundo por el presidente Hipólito Mejía, que extendió de cinco a 15 años los contratos con las EDES.
El presidente Fernández ordenó redactar un estudio llamado Plan de Acción 2005, en el que trata de vencer los escollos para superar los problemas inherentes al caso que vertebra esta entrega, exceder las cobranzas, modificar el obsoleto tendido donde se pierde un 35 por ciento de la generación, aumentar las recaudaciones con cobros más efectivos, normalizar las crecientes deudas del Gobierno con los generadores por encima de los US$500 mm, y procurar alternativas a la dependencia de combustibles fósiles, que es de un 75%, mientras la generación de carbón es de un 9% y de hidroeléctrica un 16%.
Es lo que describe, en un comentario sobre el aludido Plan de Acción 05, el periodista Claudio Cabrera, especializado en asuntos económicos de HOY, en su entrega del día cinco de este mes.
El Banco Mundial ha exigido al país eliminar los subsidios al sector eléctrico que en el 2005 trepó a US$600 mm, unos RD$20 mil mm, una barbaridad que además no conduce a nada, ni a redituar votos, y que invertidos en Pedernales, Sánchez, Jimaní, Elías Piña, Dajabón, Puerto Libertador, El Seybo, Miches, Sabana de la Mar ó el dormido potencial polo turístico de Montecristy, resultaría muchísimo más positivo para cualquier gobierno que dilapidar, botar, esos recursos cuantiosos.
También el Banco Mundial exigió al Gobierno dominicano liquidar el expediente gravoso de los multiplicados hurtos al servicio eléctrico no sólo de barriadas, sino de los sectores más encumbrados de las finanzas criollas.
Ante esos requisitos del BM, el presidente Leonel Fernández respondió el 07 del presente mes de marzo, que no hay mecanismos para sancionar a quienes no pagan la energía eléctrica.
Son las expresiones que un gobernante nunca debe proferir, porque no todo lo que se siente o se piensa se dice, sobre todo un gobernante, tratándose de un muy prematuro anuncio de posible reelección del presidente Fernández, antes de la mitad de su mandato, como enunciara el día nueve del presente mes el titular de Interior y Policía, doctor Franklyn Almeyda Rancier (¿¿??).
Los subsidios deben eliminarse cambiándolos porque todos paguemos lo que consumimos, no que penalicen a los sectores de clases altas para esgrimir el subsidio a lo que la CDEEE define como barrios carenciados, que deben pagar cuotas entre $300-$500, con la verificación de inspectores de los electrodomésticos.
Eliminar a las distribuidoras, que son parásitos de los generadores, asignando a éstas los cobros, que son los que producen energía, algo parecido a INAPA que es quien capta las aguas de los ríos y resulta que la CAASD, que no lo hace, es quien cobra el servicio. Un país insólito en una isla al revés.
