Hoy 
BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
Todos mantenemos la esperanza de que un día, cuando la democracia dominicana sea verdaderamente funcional, los ayuntamientos municipales puedan operar como gobiernos locales.
Los ayuntamientos o cabildos constituyen un aporte verdaderamente democrático que nos viene desde los tiempos de la colonización española. Fueron concebidos y creados para descentralizar el poder y para hacer más eficientes las iniciativas relativas a la vida de las ciudades.
El ayuntamiento es, como figura administrativa y política, una expresión democrática y un instrumento de buena gestión pública. Las naciones que gozan de una vida democrática sana y operativa disponen de ayuntamientos vigorosos que se desempeñan como verdaderos gobiernos de la ciudad.
Pero aquí las cosas han funcionado a la dominicana, entre la formalidad que quiere aparentar lo que no es y el cinismo. Veamos, como enunciado, algo de lo que ha ocurrido en el llamado período post Trujillo. Después del ajusticiamiento de Trujillo, el doctor Joaquín Balaguer, enemigo acérrimo de toda manifestación de poder que no fuera la suya, ahogó económicamente los ayuntamientos y los puso al servicio de su política clientelista. Se puede afirmar, sin exageración, que el balaguerismo pulverizó los cabildos, los anuló.
Luego llegaron varios gobernantes al Palacio Nacional, pero solo uno del PRD tuvo la voluntad política de tomar una medida económica que procura devolver a los cabildos su capacidad de acción, su autonomía y su rasgo democrático y descentralizador. Pero esta administración del Presidente Leonel Fernández ha inventado cuantos argumentos ha querido para no entregar a los ayuntamientos los recursos que la ley les acuerda.
El gobierno central debe entregar a los cabildos el 10% de los ingresos ordinarios internos, es decir, de las recaudaciones impositivas. Estos fondos, a su vez, serán distribuidos entre todos los cabildos, cada mes, de acuerdo a la población de cada uno. Pero el gobierno del doctor Fernández lo ha hecho como ha querido y se ha quedado con varios miles de millones de pesos de los ayuntamientos, en un franco ejercicio de abuso de poder y de violación de la ley.
Y parece que el próximo año pretende hacer lo mismo.
La opinión pública debe convencerse de que los ayuntamientos del país deben recibir el 10% de los ingresos ordinarios que el gobierno central recauda de los contribuyentes. Es una norma consignada en la ley y ningún funcionario tiene calidad, por alta que sea su jerarquía, para ponerse por encima de la ley.
Los señores políticos en el poder argumentan que los ayuntamientos no cumplen con los gastos como dice la ley. Por lo menos así lo plantearon en el pasado reciente desde el ministerio de Finanzas y desde la secretaría de Interior y Policía. Lo menos que puede responderse a un planteamiento de esta naturaleza es que quienes lo levantan no son los legalmente calificados para hacer un juicio de este tipo. Pero en oposición a ese argumento, lo que todos podemos ver es que los ayuntamientos han mejorado su desempeño desde que reciben fondos fijos, fondos que no están a merced de la voluntad de un funcionario o de un determinado comportamiento político. Los cabildos han mejorado el manejo de los mercados, la limpieza de las calles y avenidas, la recogida de la basura, el ornato de los principales sitios públicos, algunos han podido reajustar los sueldos de sus empleados, suministrar ayudas a munícipes necesitados, vincularse a las fiestas patronales, y todos son sujetos de crédito.
Sin duda, esta ley que acuerda unos fondos a los cabildos es un gran avance político, económico y en el orden democrático. Por lo tanto, la opinión pública, los propios ejecutivos municipales, los partidos políticos de oposición y las organizaciones de la sociedad civil están en la obligación de defenderla y de presionar al gobierno central para que la cumpla en un 100%.
Los errores que la legislación pueda tener, las ineficiencias o fallos que puedan registrarse en los ayuntamientos no pueden, de ninguna manera, levantarse como razones para incumplir la ley. Estas son imperfecciones que deberían corregirse, pero nada más.
Si el gobierno central pretende incumplir la ley y entregar a los ayuntamientos fondos por debajo de los montos legales, los principales perjudicados serán los munícipes de cada municipio y distrito municipal. Por lo tanto, son estos ciudadanos quienes deben estar vigilantes y reclamantes, al lado de sus síndicos, regidores y el resto de las autoridades de los cabildos.
