El crecimiento económico no será alto sin una inversión pública sustancial

El ministro de economía, planificación y Desarroollo, Miguel Ceara Hatton, nos ha recordado que el 30% de todo lo que se recauda por concepto de impuestos tiene que dedicarse a cubrir los intereses de la deuda del país, lo que significa que con el 70% restante se tienen que pagar las nóminas, el subsidio al sector eléctrico y a la gasolina, los subsidios por la crisis de la pandemia, y cubrir los costos de las vacunas y su distribución, por lo que queda muy poco para las inversiones públicas.

Por algo el presidente Abinader durante los fines de semana lo que está inaugurando son sucursales de tiendas y supermercados privados, pues nuevas obras públicas del Estado son muy pocas y todos los economistas reconocen que sin una inversión pública sustancial el crecimiento de nuestra economía no será alto.

El ministro de hacienda Jochi Vicente ha anunciado una nueva política de endeudamiento. En vez de seguir emitiendo bonos soberanos nuestro gobierno apelará a préstamos de organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Centroamericano de Integración, el BEI y unos Derechos de Giro que luce serán donado próximamente por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las ventajas de esta nueva política son muchas.

Por un lado la tasa de interés de las fuentes multilaterales son más bajas y los plazos más altos y, sobre todo, esta fuente de financiamiento induce mucho menos a la corrupción, pues solo se financian proyectos específicos, bien concebidos y con licitaciones públicas internacionales.

Los recursos provenientes de bonos soberanos, por el contrario, se pueden gastar en cualquier cosa, incluyendo nominillas y asuntos ligados a la corrupción.

Pero la desventaja de acudir a las fuentes multilaterales es que elaborar los proyectos específicos y organizar las licitaciones requiere tiempo. Presumimos que estamos hablando de proyectos como la presa de Haina, a la cual se le ha cambiado el nombre para que no nos recordemos de Madrigal y el conflicto entre Jacobo Majluta y Hatuey de Camps.

Presumimos que también estamos hablando de la infraestructura que requiere el proyecto turístico de Pedernales así como varios proyectos de nuevos canales de riego y rehabilitación de los existentes.

El ministro Vicente también ha enfatizado que los bonos soberanos que sí se emitirán serán expresados en pesos, lo que reduce el riesgo cambiario, aunque devengan tasas de interés mayores que los expresados en dólares. Tanto locales como extranjeros tienen apetito para estos bonos en pesos.

Por cierto, Vicente anunció la semana pasada una saludable renegociación de los bonos en pesos.

Pero José Rijo Presbot, director del Presupuesto, insiste en la necesidad de una reforma tributaria y presupuestal si es que se va a reducir el déficit el año que viene para que llegue a un 5.3% de PIB y si eso no se logra el financiamiento probablemente no sería sostenible.

Tres enfoques diferentes por parte de un mismo equipo económico, pero correctos los tres. Hay que felicitarlos.

Un concepto que comienza con mal pie es el de las alianzas público privadas, con el caso específico de la autopista Ámbar, que sería la tercera carretera que uniría a Santiago con la zona de Puerto Plata.

El sector privado al invertir en esta autopista busca un retorno a través de peajes y luce muy improbable que estos puedan recaudar lo suficiente como para hacer esa inversión rentable, pues el transporte de carga seguiría por las dos carreteras ya existentes y que solo representarían minutos adicionales de tiempo, pero no implican peajes y los pasajeros de clase baja seguirán optando por llegar un poco más tarde, pero sin pagarlos.

Las clases media y la alta seguirían con la opción de volar en avión o helicóptero, por lo que el uso de la autopista Ámbar tendría un tráfico muy reducido.

Los inversionistas en el proyecto entonces exigirían un “peaje sombra” para que resulte rentable. Con lo que ya ha ocurrido con la autopista a Samaná tenemos suficientes “peajes sombra”.

Esa tercera carretera, que además tiene implicaciones ecológicas negativas, no debe de construirse bajo una alianza público privada.