El Presidente Fernández enfrenta el dilema de que al tiempo que busca lograr renovar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), también quiere amortiguar el incrementado costo para el consumidor de la comida y el petróleo importado.

El cambio de Ministro de Hacienda es indicativo del deseo de romper el impasse con el FMI, al volver al mismo acoplado equipo económico con que contó entre 1996 y el 2000. Hace un mes el FMI anunció que las negociaciones seguirían, pero en Washington, “en las semanas siguientes”, agregando que se requeriría de un ajuste fiscal de alrededor de un 1% del PIB “a través de medidas adicionales de ingresos y una disminución en el subsidio al sector eléctrico”. Esas medidas, según el acuerdo, incluirían menos exoneraciones al turismo, las empresas fronterizas, etc.  En la última revisión ambas partes aceptaron un objetivo no realista: limitar el subsidio a la CDEEE a US$350 millones. Por más eficientes que sean Marranzini y su equipo, que lo son, eso no era viable, aun con petróleo a US$80 el barril, menos ahora a US$100.

El FMI exigirá una combinación de más ingresos, y/o menos gastos y/o subidas en los precios de la electricidad y los combustibles. El gobierno, por su lado, tratará de que eso no tenga que hacerse y que se le permita continuar con los déficits fiscales a través de más endeudamiento, a pesar de que la deuda consolidada del Estado aumentó de un 34.7% del PIB en el 2005 a un 37.3% el año pasado y que llevamos varios años con déficits fiscales. El gobierno no puede darse el lujo de no continuar con el FMI pues eso le impediría emitir más bonos soberanos, obtener plata del BID, el Banco Mundial y el propio FMI, recursos todos contemplados en un presupuesto de este año que cuenta con pocas inversiones públicas con recursos propios.

En el 2008, un año electoral, ante un incremento similar en la comida y el petróleo, el gobierno aportó recursos del presupuesto para subsidiar la producción de harina y otros alimentos importados. Ahora, por falta de recursos, no podrá hacerlo y se tendrá que limitar a enfatizar las plazas agropecuarias para así reducir el margen de intermediación. Es improbable que el Presidente dicte decretos como el de los primeros días del gobierno de Juan Bosch, cuando redujo la nómina pública y los salarios, comenzando con el suyo, pero eso es lo que quisiera ver la nación. Los gastos excesivos de los funcionarios públicos son notorios.

En cuanto a los combustibles no se puede dejar de no aumentarlos, como en el 2008, subsidiando la diferencia con recursos presupuestales, pues no los hay.  Lo que sí puede hacer es aprovechar el creciente diferencial entre los precios internacionales del petróleo y el gas natural y desbloquear las solicitudes de autorización para estaciones de venta de gas natural, lo que permitiría que autobuses, carros públicos y privados pudieran operar con menos costos, a pesar de la inversión en el “kit” de reconversión.  Eso ahorraría divisas, recursos presupuestales (menos subsidios al GLP, con el bono gas), reduciría el precio del transporte y ayudaría al medio ambiente.

El deterioro en los términos de intercambio, provocado por los altos precios de la comida y el petróleo y no compensado por los altísimos precios del cacao, café y azúcar, requerirá de un ajuste macroeconómico que deberá incluir un aumento adicional en la tasa de interés. Cada una de las últimas cinco grandes reducciones en la actividad económica mundial ha sido inmediatamente precedida por un significativo aumento en el precio del petróleo. Que eso ocurra ahora, para perjuicio adicional de los dominicanos, dependerá de cuánto dure ese aumento.  La llegada de tropas de Arabia Saudí (donde predominan los suníes) a Bahréin (con mayoría suní y minoría chiita) puede provocar una fuerte reacción iraní (donde predominan los chiitas) con efectos impredecibles.