Por Mauricio Ramírez Villegas
La Asamblea General de la ONU mostró su preocupación sobre la propagación y proliferación exponenciales del discurso de odio en todo el mundo y adoptó la resolución 75/309 de 21 de julio de 2021, sobre la promoción del diálogo y la tolerancia entre religiones y culturas para contrarrestar el discurso de odio.
El abordaje del discurso de odio y discriminación es un reto contemporáneo que debe ser abordado con urgencia. Aunque no existe una definición universal de discurso de odio, cuando nos referimos a este, estamos denotando cualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo de personas sobre la base de quiénes son o, en otras palabras, debido a su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de identidad, incluida la labor que desempeñan como en el caso de las personas defensoras de derechos humanos.
Los discursos de odio y de incitación a la discriminación, la violencia y la hostilidad, constituyen una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz. Afectan el tejido social, generan violencia y ocasionan daños irreparables a la vida de muchas personas, familias y de la sociedad en su conjunto.
Es importante adoptar medidas efectivas frente a la prevención y la sanción de los discursos de odio y discriminación porque atacan valores democráticos y la dignidad de las personas, ya que en ocasiones menoscaban su integridad moral y las exponen potencialmente a situaciones que atentan contra su vida e integridad física.
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La resolución de la ONU reconoce la necesidad de acabar con las retóricas discriminatorias y xenófobas, y llama a los Estados y a toda la sociedad a aumentar sus esfuerzos para abordar este fenómeno de manera integral, en consonancia con las normas y principios internacionales de derechos humanos, en particular el derecho a la libertad de opinión y de expresión, que es un derecho fundamental, indispensable en las sociedades democráticas.
En efecto, el Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías en su sesión de enero de 2021 recomendó a los Estados “promover la igualdad y actuar contra la incitación a la discriminación, la hostilidad y la violencia, respetando plenamente la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la privacidad”, señalando a su vez que “toda regulación que implique limitaciones de esas libertades debería estar firmemente arraigada en el derecho internacional de los derechos humanos”.
Recordemos también que el derecho internacional de los derechos humanos también reconoce la importancia de prohibir por ley el discurso de odio. En particular el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es parte la República Dominicana desde 1978, señala que el discurso de odio debe ser prohibido por la ley.
Dada la importancia de proteger el derecho humano a la libertad de opinión y expresión, en 2012 en Rabat, Marruecos, se realizó una reunión de expertos que concluyó con la aprobación del Plan de Acción de Rabat de las Naciones Unidas sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso que constituye incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. El Plan de Acción establece un conjunto de factores para que los Estados aborden esta cuestión, y traza una línea clara entre la libertad de expresión y la incitación al odio y la violencia.
Hoy 18 de junio de 2022 conmemoramos el primer Día Internacional para Contrarrestar el Discurso de Odio. Esta conmemoración, que tendrá lugar en esta fecha cada año, es una invitación a todos los Estados, las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las iglesias, las instituciones académicas, el sector privado, los medios de comunicación nuevos y tradicionales, las empresas tecnológicas y las plataformas de redes sociales, los parlamentos y a la sociedad en su conjunto, para hacer frente al discurso de odio y promover los valores de la tolerancia, la no discriminación, el pluralismo y la libertad de opinión y de expresión.