Al comparecer ante las cámaras legislativas antier, el presidente Luis Abinader esbozó los pasos consumados en la estada de solo seis meses en la primera magistratura, a la que ascendió en momentos críticos para el país equiparables a los de 1965 y tras un difícil y costoso proceso electoral bajo afán continuista con empleo de recursos públicos.

Testimonió haber hallado arcas vacías, sin planes en marcha para enfrentar los problemas nacionales.

Este sigue siendo un sector público que depende en más de un 65% del endeudamiento para seguir funcionando, resultado de una nómina oficial excesiva y de cuestionables gastos anteriores.

Sus primeras disposiciones se encaminaron al ahorro y a la búsqueda de eficiencia. El hecho de que a esta fecha su Gobierno continúe bajo fuerte presión de partidarios que reclaman cargos, expresa una búsqueda de equilibrio con la realidad fiscal.

Acudió ante el país poniendo en primer plano, en propósito de edificar y generar confianza, los logros que atribuye a su administración con un impacto de palabras que, aun superando lo materialmente concreto, colocó en proyección al futuro para explicar las inversiones a realizar con mayor dimensión y en los mismos contextos.

Su reconocimiento a la diáspora por las significativas remesas que la economía recibe, y al personal médico que lleva sobre hombros combatir el virus SARS-CoV-2, se identifica con un sentimiento colectivo.

Su indignación ante el peaje sombra de la Autopista del Nordeste, a cuyos beneficiarios contractuales se dispone a enfrentar judicialmente, pronostica el fin de una infame herencia de administraciones anteriores nunca escrutadas.

El discurso solo podía contener perfiles de la vasta enumeración de los informes ministeriales llevados al Congreso.

Las obligaciones del Poder Ejecutivo se plasman en sus referencias a esfuerzos por lograr en el menor tiempo una extensa vacunación contra contagios y muertes, las inversiones y gastos para enfrentar el alto costo de la vida, salvar de la inutilidad dispendiosa a la burocracia, impulsar la recuperación del turismo y el desarrollo regional, superar el tranque de la educación por pandemia, llevar eficiencia y aumentar las coberturas sociales, contrarrestar la delincuencia y mejorar el sistema vial.

Un discurso que resalta porque incluyó reafirmar la intención de poner fin a la impunidad vergonzante, tradicional y recrecida en tiempos recientes, en los que la Justicia podía ser doblegada y el Ministerio Público teledirigido en sobresalientes episodios con estallidos de escándalos.