El discutible reparto de los corredores del transporte. Bajo amenazas de violencia entre sindicalistas rivales que se quería atraer al proyecto y una selección de los beneficiarios poco visible a la opinión pública, salen de la chistera del Gobierno las activaciones de autobuses como expresión de una alianza público-privada que no parece precedida de estudios de viabilidad.
Todo «ha marchado bien» con los «corredores», según los agremiados que ya entraron a la nueva forma de colectivizar el transporte urbano que supone una alta inversión pública, directa o fundada en deudas avaladas por el Estado, que para el caso da lo mismo a la hora de pagar los platos que vayan a romperse.
Del otro lado está la rebeldía de las facciones que se sienten despreciadas todavía que alegan contradicciones con la ley que rige el sector y la ausencia de normativas para rodear de garantías la innovación vertebrada.
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Preocupa que la privatización pueda sustituir crecientemente el servicio que han prestado unidades de exclusiva propiedad del Estado (Omsa) en vez de fortalecer sus operaciones para mantener varias opciones de viajar por una urbe de intenso crecimiento horizontal.
Preocupa también que para sofocar la rebeldía de choferes excluidos se les asignara a la carrera el flujo mayor de pasajeros que discurre por la avenida 27 de Febrero, una decisión tan abiertamente improvisada y sin rigor que la belicosa Fenatrano, que de ella se trata, se negó a constituir el corredor e intensificó los cuestionamientos.