El  Gobierno y el Consejo Económico y Social (CES) no lograron el consenso deseable en cuanto a la reforma tributaria. Ambos han sido inflexibles en sus posiciones, el CES pretendiendo un recorte extremo del gasto público y el Gobierno rechazando acoger esa fórmula. Ya hemos planteado nuestra oposición a un recorte tan drástico del gasto, que pueda ralentizar la economía. Y reconocemos que el Gobierno no está obligado a hacer a pie juntillas lo que aspira el CES.

La discrepancia no es nada extraño. El empresariado tiene en el CES el mayor peso específico, la mayor influencia. Su resistencia a perder incentivos y asumir mayor carga fiscal le inclina a favorecer que el déficit fiscal sea reducido por medio del recorte del gasto público. Y el Gobierno, aunque ha mostrado vocación austera, se resiste a ejecutar un recorte tan drástico del gasto,  que pueda devenir en un costo político y social demasiado alto.

Pero, a falta de consenso, debe primar el buen juicio. El Gobierno debe reconocer que un  nivel excesivo de gasto resulta odioso y que ese sentir ha sido expresado a través de un organismo idóneo como el CES, que es una de las herramientas constitucionales de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La mejor divisa será que  enfatice aún más  en austeridad, transparencia y mejora sustancial de la calidad del gasto público.

Reciclando reincidencia

Uno de los factores de inseguridad pública obedece a la falta de seguimiento por parte de las autoridades a personas condenadas por delitos y favorecidas con la libertad a través de mecanismos como el indulto. La DNCD pone un botón de muestra con el caso de un hombre arrestado recientemente, que habiendo sido indultado en el 2001, a la fecha había acumulado 15 fichas por sometimientos por distintos delitos, lo que indica que nadie se ocupó del requisito de dar seguimiento a su conducta a partir del indulto.

La reincidencia se ha convertido en una de las vías de alimentación de la delincuencia y algunas personas llegan a acumular decenas de fichas por sometimientos, pero continúan en libertad. En el caso de los indultados, la autoridad tiene que poner alguna vigilancia  a la conducta social que exhiban y reingresarlos a prisión en caso de que reincidan en actos reñidos con la ley.