La angustia y la desesperación se ha apoderado de cientos de familias dominicanas debido a la inseguridad del sistema privado de compra de viviendas y apartamentos. Son familias  que a golpe de esfuerzo y sacrificio han acumulado ahorros que han invertido en proyectos   habitacionales  cuyos  promotores no ofrecen ninguna garantía.

 Motivado por la promoción mediática y visual que se ofrecen,  los interesados  entregan su dinero a   contratistas que preparan un acto  de compra-venta cuyas especificaciones contractuales pocas veces se cumplen. Consignan en el documento  áreas confortables y espaciosas (habitaciones, sala, cocina, etcétera)  pero al final reducen el tamaño. Ofertan parqueos simultáneos o sucesivos y luego entregan parqueos verticales, uno detrás de otro.  Estas  son advertencias que los futuros compradores deben tener muy en cuenta, a pesar de las  preocupaciones que las mismas puedan causar.  

Muchos contratistas utilizan los dineros  que aportan los adquirientes como inicial  para otros fines completamente ajenos a la obra. La situación se profundiza  más todavía  cuando hay de por medio préstamos con instituciones  bancarias que disponen del privilegio de inscribir a su favor  hipoteca en primer rango. Mientras esto sucede, las esperanzas de los compradores se ponen más lejos y ambiguas.  Y como no existen mecanismos legales  de protección para los compradores el resultado final es la pérdida de la suma invertida.

En los sectores capitalinos es común observar cantidades de proyectos  privados a medio construir,  debido a la irresponsabilidad de sus constructores, mientras los adquirientes   están sumidos en la desesperación. Un caso patético, que ha  trascendido las esferas  mediáticas y judiciales,  es el proyecto Yadira, en la calle Miguel Angel Monclús, del  Mirador Norte, donde 16 familias aportaron alrededor de 50 millones de pesos y el promotor  abandonó la obra sin ofrecer explicaciones a su clientela.

Los compradores, entre los que figura el autor de estas líneas, han establecido  que además del dinero de los adquirientes, el contratista recibió un financiamiento de 22 millones del Banco Nacional de la Vivienda, institución que ha inscrito el privilegio por la suma no pagada. Luego de superar múltiples y frecuentes  inconvenientes de orden administrativo, se ha llegado a un acuerdo de novación con el BNV para concluir el habitacional, cuyo costo  se ha más que  duplicado en perjuicio de los adquirientes. Es decir, el que compró por 3 millones, tendrá que pagar  seis o 7 millones,  además del tiempo perdido y los padecimientos familiares.

Sería conveniente que el Colegio Dominicano de Ingenios (CODIA), la Asociación de Constructores Proyectos de Viviendas (ACOPROVI) y hasta la Superintendencia de Bancos asuman posiciones firmes y decididas frente a las estafas que comenten los promotores de proyectos   habitacionales, lo que indefectiblemente involucra a las primeras dos organizaciones, que tanto demandan revisión en las tasas de interés, en los precios de los materiales y en los requisitos de Obras Públicas, Medio Ambiente y los  Ayuntamientos.