Decenas de menores de edad y mujeres embarazadas en el último mes del parto acuden diariamente a la puerta trasera de la Fiscalía del Distrito Nacional con un único propósito: ver a sus padres y maridos al término de conocerles causas en los distintos tribunales del Palacio de Justicia. Son presos en su mayoría jóvenes que no alcanzan los 25 años de edad y a los que se les detiene traficando droga. 

María Castro, de 28 años de edad con más de ocho meses de embarazo y cuatro hijos, acudió el pasado jueves a visitar a su hermano, apresado con un kilo de droga. Lo esperó en la parte trasera del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde un autobús encendido, aguardaba a los presos enviados a la penitenciaría La Victoria.

Le habían impuesto prisión preventiva porque un agente antidrogas le encontró droga durante la requisa. Castro afirma que está consciente de que su hermano vende la sustancia prohibida, pero que lo asiste porque su madre murió. Pese a que dice recibir parte del dinero que su hermano genera con la venta de la droga, ese día pedía una canastilla de ropa para su bebé, cuyo costo afirma, ronda los 2,000 pesos. “Tengo cuatro hermanas y todas somos paridoras”, dijo la mujer, acompañada de una hija y dos sobrinas, todas menores de ocho años.

Al sacar a los presos, un contingente policial despeja la puerta y el tramo que da al autobús. Más, la labor es en vano porque en cuanto sale el primero, los familiares se abalanzan sobre los imputados, en un intento  por entregarles medicamentos para el asma, la gripe, el cáncer, ciertas alergias y la presión arterial.

Otros les llevan dinero para agenciarse los servicios que no les suple la cárcel: pago del lavado de la ropa, comida, detergentes. Cristina Arias lloró por no poder abrazar a su hijo acusado de homicidio.