Durante los últimos años sucedieron cambios en el panorama geopolítico y económico de América Latina que van desde una reducción en el margen de crecimiento a consecuencia de la baja demanda mundial hasta importantes sucesos en el Caribe, como el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. En este contexto se encuentra la situación económica que vive Puerto Rico, que llega a un nivel crítico al estar acompañada por una grave sequía.

La isla, que vivió bajo el neocolonialismo español, pasa al dominio de Estados Unidos, en 1898, convirtiéndose en Estado Libre Asociado (ELA). Estatus político mediante el cual el territorio posee autonomía en asuntos internos. Sin embargo, se rige bajo normas federales estadounidenses. La isla gozaba de exenciones fiscales que le permitieron desempeñarse como centro manufacturero para Estados Unidos. No obstante, estos privilegios expiraron a partir del 2006, y su posición como sede febril le fue arrebatada por México, país que le aventajaba en términos de salarios y por su cercanía con la costa Oeste de Estados Unidos.

Actualmente, Puerto Rico lidia con problemas en la sostenibilidad de su deuda, materializada con el reciente impago (1ero. agosto) de las obligaciones de sus corporaciones públicas valoradas en 58 millones de dólares. Esta crisis es producto de la recesión económica vivida luego del 2006 debido a que las industrias, que constituían el motor exportador de Puerto Rico, abandonaron sus operaciones en la isla; y a un gasto que no guardaba relación con la disponibilidad presupuestaria. Los ingresos resultaban insuficientes y, a lo largo de los años, se recurría a préstamos en forma de bonos para realizar proyectos gubernamentales. Así, los niveles de deuda sobrepasan, actualmente, los 72,000 millones de dólares, equivalentes al 103% del PIB.

Otros de los factores que agravaron el desempeño de la economía boricua son analizados por la Reserva Federal de Nueva York. Resaltan Ley Jones, de 1920, que establece que el transporte de bienes hacia la isla debía realizarse con barcos y tripulación estadounidenses, exacerbando así las desventajas en competitividad debido a los altos costos de transporte, costando a Puerto Rico unos 29,000 millones de dólares desde el 1970 hasta el 2010.

Además de las leyes de cabotaje, nos encontramos con varios problemas estructurales especialmente en el mercado de trabajo. Puerto Rico posee una de las tasas más bajas de participación laboral del continente (40%). Altos costos laborales debido a los parámetros estadounidenses del salario mínimo (muy alto en términos de productividad) y acceso a beneficios de seguridad social y subsidios de salud que desincentivan a la población en la búsqueda de empleo. Todo lo anterior ha acelerado la emigración de puertorriqueños hacia Estados Unidos, perdiendo casi una décima parte su población en la última década. Más aún, desde el 2010 la población en la isla se redujo de 3.7 a 3.5 millones de personas.

Por otra parte, Puerto Rico no solo se enfrenta a problemas fiscales, también sufre una de las sequías más severas en su historia. Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos más del 86% (25% en condiciones extremas) del territorio se encuentra afectado por problemas de abasto de agua, manteniendo a unas 2.8 millones de personas con suministros de agua días alternos desde mayo como parte de un plan de racionamiento.

En lo que respecta a la situación económica, algunos economistas han planteado soluciones que van desde redefinir el estatus político de Puerto Rico, abriendo la posibilidad de financiamiento por parte de organismos internacionales, hasta la modificación de la ley de quiebras federal que proveería un mecanismo para la restructuración de la deuda. Lo cierto, y urgente, es que se requieren importantes reformas para mejorar la competitividad y reactivar la economía de Puerto Rico, incluyendo medidas como la reducción del gasto, privatización de empresas y cambios en las regulaciones impositivas.

Nosotros, los dominicanos, estamos profundamente identificados con la situación de nuestros hermanos puertorriqueños y esperamos que con una acción colectiva podrán superar, exitosamente, esta crisis.

Investigadora asociada:
Ledys Féliz.