Defender derechos no es lo mismo que intereses y cuando debemos asumir la defensa de los derechos, es innegable que choquemos con los intereses. En el plano personal e institucional, hay que sopesar por cuál de estas dos vías debemos dirigirnos y ser profundamente sensatos para equilibrar las cosas dañando lo menos posible a los actores involucrados. Lo cierto es que los seres humanos tenemos la capacidad del raciocinio que nos permite perfilar hacia dónde debemos posicionarnos, si en el lado de los derechos o en el de los intereses.

Entusiasmada con la nueva Constitución de la República con las nuevas leyes que estrenamos, asumimos la defensa de los derechos de los consumidores, los cuales están consagrados en el artículo 53 de la Constitución.

Previo a todo esto, desde el año 1996, cuando nos tocó participar del primer curso sobre Derechos del Consumidor, auspiciados por el Gobierno de Israel, descubrí que hacía falta en el país un marco jurídico para su defensa. Desde entonces, junto a un grupo de personas que creyeron en que era posible luchar por estos derechos, iniciamos las gestiones en procura de una ley que los garantizara,  por ser de los pocos países de la región que carecía de una. La idea fue asumida con todo el entusiasmo que caracteriza al diputado Pelegrín Castillo y al presidente de la Cámara de Diputados de entonces, Alfredo Pacheco, legisladores que lograron armonizar Derechos e intereses, al involucrar y convencer  a todos los sectores de que una ley de protección a los Derechos del Consumidor le era conveniente a la Democracia. En  Israel, la doctora Katias Abarca, una abogada chilena que dirigía la sala de conflictos relacionados con los Contratos de Adhesión, nos enteró de ese tipo de litigios. Me llamó poderosamente la atención porque pensé en el aspecto sicológico de los ciudadanos cuando van a adquirir un bien, que no se centran en lo que firman, sino en lo que buscan y que en ese entusiasmo por la adquisición  del bien puede ocurrir una distracción que le podría acarrear hasta la pérdida de su patrimonio. Realmente pensé en mí misma.

Entre 1996 y 2010, o sea 14 años de mi vida, no he dejado un solo día sin trabajar por estos derechos, sin contar que durante 11 años, a través de Uno +Uno, lo hacía de manera empírica. Al tocarme estar al frente de la institución que defiende los derechos de los consumidores, sería muy deshonesta si no hiciera las cosas por las que he abogado más de la mitad de mi vida, pero sobre todo si no me apoyara en la ley y la Constitución, cuyo propósito fundamental es la protección de los ciudadanos.

En la toma de decisiones siempre alguien es afectado. Lo sabio será decidirse por una mayoría o una minoría, basado en los principios de la democracia. No tengo otra opción.