JOTTIN CURY HIJO
La anemia institucional que padecemos es la causa de que determinados procesos judiciales, especialmente aquellos con marcados ribetes políticos, requieran la bendición del gobernante de turno. En otras palabras, sin la anuencia o interés del Jefe de Estado, las acciones judiciales de esta naturaleza raras veces se inician, y mucho menos culminan satisfactoriamente. Esta realidad evidencia la debilidad del Poder Judicial que siempre ha estado subordinado a la voluntad del poder político y económico.

Lo antes apuntado no significa en modo alguno que nuestros intentos por enjuiciar actos de corrupción hayan sido motivados por revanchas políticas o pasiones personales, sino que impera siempre la voluntad ejecutiva para ponerlos en movimiento.

En Hispanoamérica son contados los casos que se han iniciado contra ex presidentes que han culminado con sentencias ejemplarizadoras. La norma general es que dichas iniciativas se diluyan en los entresijos de la podredumbre moral e institucional que nos caracteriza. El único precedente entre nosotros fue el de Salvador Jorge Blanco, quien luego de un prolongado y accidentado juicio, fue condenado en primera instancia. Independientemente de las razones que prevalecieron para condenarlo y posteriormente descargarlo, lo cierto es que en el juicio que se le siguió por ante los tribunales imperó sordamente la influencia que ejercieron en este caso tanto Joaquín Balaguer como Hipólito Mejía.

Luego de haberse desvanecido este esfuerzo debido al cambio de la correlación de fuerzas políticas, se ha interiorizado en la psiquis de nuestros gobernantes la idea de que sus antecesores merecen respeto, y por tanto no pueden ser procesados judicialmente. Por esta razón, suelen colocarse por encima de la ley con el propósito de obstaculizar a los que comprenden que no podemos seguir padeciendo los rigores de las brutales depredaciones que cada cuatro años sufre el patrimonio nacional.

No pocas veces hemos escuchado, perplejos, a un ex mandatario confundir la presunta solidaridad política con el cumplimiento estricto de la ley, es decir, solicitar públicamente consideración a su adversario para recibir igual trato en caso de ser necesario. Esta clase de declaraciones envían un mensaje negativo a la población, en razón de que el perdón recíproco significa encubrimiento, impunidad, y además transmiten el erróneo concepto de que los que ocupan la más alta posición ejecutiva de la nación no están subordinados al imperio de la ley.

Craso error, toda vez que nadie, por señera que sea su investidura, está colocado por encima del bien y del mal. Absolutamente todos, gobernantes y gobernados, somos esclavos de las normas legales que rigen la convivencia social. En Costa Rica se encuentran bajo investigación tres ex presidentes por haber recibido pagos de comisiones que en nuestro país resultan insignificantes si tomamos en cuenta el monto de las sumas envueltas en los escándalos de corrupción que se suscitan entre nosotros. Asimismo, en Bolivia se realizan ingentes esfuerzos para extraditar a Sánchez de Lozada por haberse colocado al margen del orden institucional. Al menos se observa una reacción para cortar de raíz el desorden que impide el fortalecimiento de sus instituciones.

Sin embargo, cada cuatro años los dominicanos abrigamos con infantil credulidad que se sancione la corrupción pública y privada, así como una gestión limpia en el manejo de fondos públicos. Se trata del mismo esfuerzo en dos direcciones distintas, sin el cual no es posible preservar el marco político que nos gastamos. Urge poner en práctica la dictadura de la ley, una democracia dura, en la que se castigue drásticamente cualquier clase de desvíos sin importar la jerarquía política, social o económica del infractor. Son los gobernantes quienes tienen que sujetarse a los preceptos legales establecidos, en lugar de moldearlos a sus intereses circunstanciales.

Ojalá que emulemos a Bolivia, Nicaragua y Costa Rica en su campaña moralizadora, y que se comprenda que una cosa es el respeto y otra bien distinta la subordinación a las normas legales vigentes. Y en lo que toca a esto último nadie debe ser respetado en caso de infringirlas, ni siquiera los gobernantes. Las circunstancias atenuantes sólo son privativas de los tribunales apoderados.