Cuando Haití deje de ser noticia; cuando otro acontecimiento ocupe la atención de la audiencia internacional; cuando el hedor de los cadáveres haya desaparecido de las calles y aun cuando las ciudades resurjan de los escombros; además de las penas por los muertos y desaparecidos; además de los grandes problemas económicos, de vivienda, salud, de desintegración familiar, de los inevitables traumas, afectaciones emocionales. Además de todo eso, habrá que enfrentar en aquella nación un serio problema jurídico, que se manifestará en varias vertientes de la vida de los haitianos.

Partamos del hecho de que más de cien mil personas han sido enterradas sin identificación previa y sin acta de defunción. Imaginemos lo que pasará con los sucesores de personas fallecidas cuyos inmuebles estaban cimentados en terrenos no titulados. ¿Cuál será la suerte de los documentos del registro del estado civil de aquel país, de los registros bancarios, de los expedientes de justicia? ¿Quién determinará quién será dueño de qué en los lugares donde hubo desastre total como Puerto Príncipe y otras dos ciudades? Escuché decir al señor embajador dominicano ante el gobierno de Haití que un grupo de prisioneros fugados durante el desastre, incendiaron los archivos de la prisión. Solo este hecho nos da una idea real de la preocupación que planteo. 

Insisto en que una vez resuelto los urgentes  problemas humanos, rehabilitado el funcionamiento del Estado y puesto  bajo protección los refugiados, el aspecto legal de la sociedad haitiana será un gran problema a enfrentar.

Tomemos como referencia los asuntos por resolver que nos quedan a nosotros en cuestiones jurídicas, como la seguridad de la propiedad y la identidad legal de las personas, y entenderemos la magnitud de lo que habrá que resolver del otro lado de la frontera.
Nada simple.