POR MARIO MENDEZ
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) convocó ayer a una reunión de emergencia con representantes de la banca ante «las graves consecuencias financieras que tendría para las empresas del país» la aplicación de un reglamento sobre evaluación de activos, emitido la semana pasada por la Junta Monetaria, por exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Transcendió que varios de los empresarios que hablaron en el encuentro de ayer advirtieron que el empresariado debe unirse para emprender cuantas acciones fueran necesarias a fin de evitar que el reglamento se aplique tal como fue aprobado.

Se informó que en el encuentro se advirtió que la aplicación del señalado reglamento cortaría el crédito bancario a la mayoría de las empresas, «situación que traería como consecuencia una parálisis en las actividades productivas y la imposibilidad de salir del estancamiento económico».

La normativa, elaborada por técnicos de la Superintendente Bancos, entraría en vigencia a partir de este miércoles, como parte de los requisitos planteados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para la firma de un acuerdo stand by con el país.

Una fuente informó que en el encuentro celebrado ayer entre empresarios y banqueros, se advirtió que si el reglamento se aplica como fue publicado, «para calificar un crédito en términos aceptables, los negocios tendrían que cumplir con altas exigencias en cuanto a capacidad de pago, por lo cual  sólo calificarían como buenos clientes aquellos deudores que puedan generar ganancias en sólo un año equivalentes al monto total de sus deudas».

«Bajo este criterio las empresas que no necesitan tomar préstamos serían las únicas que calificarían», se explicó.

Se agregó que «esto haría que el acceso al crédito para el resto de los agentes productivos se vea restringido o su costo sea inaccesible».

También se planteó que a pesar de que algunos clientes se encuentran al día en sus pagos, el reglamento obligaría a los bancos a ejecutar las garantías que amparen sus facilidades de crédito en un plazo de 180 días.

«Esto plantea una situación legal conflictiva, ya que ningún tribunal debería fallar en perjuicio de un deudor que haya estado pagando sus préstamos normalmente», se explicó en el encuentro.

Asimismo, se explicó que las garantías no serían consideradas para mejorar la clasificación de los deudores, lo cual cerraría el crédito a la mayoría de los usuarios, mientras que para los préstamos hipotecarios o de la vivienda, no se considerará la garantía, sino solamente la experiencia de pago.

«Los clientes no podrán contar con su buen historial de pago para acceder al crédito bancario, ya que el nuevo reglamento de clasificación de préstamos sólo considera este aspecto para penalizar al deudor, pero nunca para mejorar su clasificación», se indicó.

SACARÍA EMPRESAS DE COMPETENCIA

Por otra parte, las fuentes  aseguraron que al introducir una ponderación por riesgo de la industria en la clasificación de los préstamos, el reglamento limita el acceso al crédito para los sectores que actualmente están demandando estas facilidades, tales como la agropecuaria, la construcción y la industria.

«Los usuarios actuales de créditos de estos sectores seguramente verán sus tasas aumentar como resultado directo de estos cambios en la normativa bancaria», se indicó.

Se explicó que funcionarios del gobierno también están preocupados por la posible aplicación del reglamento, ya que argumentan que «el país se encuentra en un proceso de negociación entre sectores públicos y privados para encaminarnos hacia un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, pero que la puesta en vigencia de este reglamento atentaría contra la capacidad competitiva de nuestro sector empresarial, poniéndolo en lesiva desventaja frente a los demás países del área y los productores de Estados Unidos».

Se explicó que como el crédito bancario ha sido, en promedio anual durante el último cuatrienio, equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB), «la imposición de trabas al acceso y aumentar el costo del crédito a los sectores productivos resultaría en presiones recesivas en momentos en que la economía muestra señales de recuperación».

«Reducir el crédito se reflejaría en una disminución sensible de las ventas y reducción en la actividad general de negocios, se advirtió».