La subcoordinadora del programa Medio Libre del nuevo modelo penitenciario, Frania Navarro, reveló ayer que el encargado de la supervisión y vigilancia de “Quirinito” falsificaba la firma de ese recluso en el acta de control para hacer creer que lo veía cuando iba a su residencia donde guardaba prisión domiciliaria.
Dijo que a Franklin Ortega le fue encomendada esa tarea luego de que el Juez de Ejecución de la Pena de San Cristóbal, Willys de Jesús Núñez, ordenara la prisión domiciliaria a Pedro Alejandro Castillo Paniagua (Quirinito), condenado a 20 años por homicidio.
Navarro habló a su salida de la Inspectoría general de la Procuraduría, adonde dijo fue requerida para que explique en qué consiste el programa y cuál fue su rol en el caso Quirinito.
Refirió que la figura del Medio Libre fue creada en el 2012 mediante la resolución número 00040 de donde emanan todos los procedimientos aplicados a los privados de libertad.
Detalló que después de que esa figura existe, cuando un juez otorga una modalidad de prisión domiciliaria, le hacen un sistema de supervisión y acompañamiento.
“Pero en este caso (el de Quirinito), lamentablemente el encargado de esa área, Franklin Ortega, se equivocó. Hizo un procedimiento incorrecto en la supervisión y firmaba el acta como si él fuera la persona, hasta que se descubrió”, dijo Navarro.
Agregó que como subcoordinadora del programa, garantiza al país que pagará quien hizo el procedimiento incorrecto.
No hubo privilegio. La funcionaria penitenciaria afirmó que en el caso de Quirinito no hubo privilegio alguno mediante el Medio Libre, sino una supervisión para asegurar y garantizar el cumplimiento de la pena que le fue impuesta.
Esto así, porque según dijo, el programa solo aplica para aquellos condenados hasta cinco años de prisión que hayan cumplido un tercio de la pena; y para condenados a más de cinco años, con un cuarto de la pena cumplida, y debe ser ordenado por un juez.
El artículo 16 de la Ley sobre Régimen Penitenciario en la República Dominicana dispone, entre otras cosas, que “en situaciones especiales se podrá proponer la puesta en prueba de algún recluso que no caiga dentro de estas disposiciones, en cuyo caso la decisión quedará a cargo de la Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción, creada por esta ley”.
El inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, realiza los interrogatorios a todas las personas que de una u otra forma participaron en todo el proceso seguido a Quirinito desde que le fue fue reducida la condena de 30 años a 20 años de prisión y ordenado su prisión domiciliaria y trasladado a San Francisco de Macorís, por estar supuestamente aquejado de un cáncer sublingual.
Entre esas personas incluyen jueces, fiscales, servidores penitenciarios, médicos, abogados y familiares del condenado, y hasta ahora solo hay suspensiones.