Existen tres estadísticas nuestras que deben avergonzarnos como nación. Contamos con 31 provincias y distritos que en promedio implican 1,563 Km2 por división territorial. Una atomización absurda. En Norteamérica existe un Estado por cada 183,000 metros cuadrados, en Panamá una provincia por cada 8,592 metros cuadrados y cuando los taínos la isla entera estaba dividida en cinco cacicazgos y cuando logramos nuestra independencia en 1844 establecimos siete provincias.

En ningún país de Centroamérica y el Caribe existe una atomización tan fuerte del territorio. El resultado es que gastamos una cantidad extraordinaria de impuestos para pagar senadores, diputados (incluyendo de ultramar y centroamericanos), alcaldes, regidores, etc. en vez de dedicarlos a educación y salud. Para ir de Macao a Pedernales y de Macao a Montecristi no se requieren más de siete horas en carro y son los puntos más extremos del país.

Otro dato vergonzoso es que tenemos un empleado público por cada seis habitantes, proporción altísima que solo se excede en estados socialistas no capitalistas.

Pasamos ya por la experiencia de ver cómo de los doce ingenios que eran de Trujillo apenas uno sigue operando y de las 24 empresas de Corde, que eran de Trujillo y sus allegados, apenas opera una.

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Sin embargo, tenemos tres empresas estatales vendedoras de electricidad que pierden enormes cantidades de dinero por no cobrar una tercera parte de lo que suplen cuando en el primer Gobierno de Leonel Fernández la mitad de sus acciones habían sido vendidas a empresas extranjeras quienes las administraban. Ahora contamos con una refinería totalmente estatal, cuando antes la administraba la Shell y con un sistema de transporte urbano también totalmente estatal cuando en el pasado este pertenecía al sector privado con la eficiencia con que actualmente opera el transporte privado interurbano.

Tenemos unas Catalina totalmente estatales y, como corolario, tres exembajadores norteamericanos cotizan carbón para la misma y no a nuestras empresas privadas que operan con carbón y gas natural, cuando fácilmente el 49% de su capital podría venderse al sector privado extranjero para que administre con eficiencia esas plantas y los recursos de sus ventas, así como la mitad del capital de las tres distribuidoras de electricidad y la mitad del capital de la refinería podría devenir en un gran fondo para proyectos sociales prioritarios.

Una tercera estadística es que, dados que nuestros contribuyentes aportan recursos a la Junta Central Electoral para que esta subsidie a los partidos políticos, contamos con 29 partidos en vez de tres o cuatro que es lo normal en naciones donde el Estado no hace aportes para que grupos se lucren con sus micro partidos.

En resumen, que, entre las abultadas nóminas, el subsidio eléctrico por no cobrarse una tercera parte de la luz que se vende y por los subsidios a la comida y la gasolina que se establecieron después de la pandemia, a lo que se agrega que el 26% de lo que recauda el Estado tienen que dedicarse para pagar intereses de la deuda, lo que queda para inversiones públicas no pasa del 12 por ciento de lo recaudado. Por algo el presidente Abinader tiene que inaugurar almacenes privados.

Entonces uno se pregunta cómo justificar un aumento de la carga tributaria que hoy admitimos es baja, pues apenas representa un 14% o 13% del PIB, sin que simultáneamente reorganicemos el gasto.