Seducidos por la pasión electoral, los competidores podrían creer que el país termina el 15 de mayo, y no es así. Una nación que intenta fortalecer su cultura institucional debe trascender a la lógica del conteo de simpatías y avizorar en el panorama la hoja de ruta pendiente para consolidar las bases de una agenda donde todos los sectores encuentren puntos de coincidencias.
La propuesta presidencial victoriosa podría encontrar dos visiones a ejecutar a partir del 16 de agosto. Una, que puede conducir al despeñadero porque los resultados favorables se interpretarían como señal de consentimiento ciudadano, y se desdeñen, entendimientos con enfoques diferentes que, por no coincidir en la campaña, impidan arribar al diseño de políticas públicas beneficiosas. Y la otra, la arrogancia provocada por distancias holgadas capaces de convencer a los ganadores que “no es necesario cambiar”. Ambas posturas serían traumáticas y fuente de convulsiones debido a la abismal diferencia entre coyuntura electoral y gestión gubernamental armoniosa.
No quiero que se desvirtúe la edificación de entendimientos institucionales con el reparto tradicional propio de piñatas post/electorales. En esencia, existen precedentes que generan sospechas alrededor de la construcción de una agenda esencial entre fuerzas sociales y partidarias que, pasado el conteo, deben apostar al restablecimiento de la credibilidad de un modelo democrático que, como el nuestro, debe ser repensado.
Después de agosto, el país tiene que seleccionar un nuevo Tribunal Superior Electoral (TSE), Cámara de Cuentas (CC), Junta Central Electoral (JCE), asientos en el Tribunal Constitucional (TC) y nuevos miembros en la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Además, el compromiso de impulsar una verdadera Ley Electoral y de Partidos. Y ese desafío no puede ser exclusivo de los actores políticos, ni de élites de la sociedad civil ni empresarial. Por el contrario, debemos convocar a todos los sectores para que ese salto institucional supere el inefable pacto de las corbatas azules que tanto distorsionó un modelo de reforma digno de mejor suerte.
Las bases para las sospechas representan el principal obstáculo para un entendimiento porque los precedentes han sido funestos. Lo que prevalece en la mentalidad de la clase política es el sentido del blindaje y la urgencia de tener a disposición todo un tinglado de intereses en su favor. Por eso, miembros del TSE, CC, JCE, SCJ y TC retratan la noción del reparto sobre bases de cuotas a sectores partidarios y fuente del actual descrédito. Y eso debemos superarlo.
No estoy hablando de independientes de hojalata, ni servidores llegados del cielo, sino de profesionales con un alto sentido de responsabilidad ciudadana que tengan una clara idea de que un potencial descarrilamiento institucional representa un punto sin retorno de la vida democrática. Sin importar militancias o agendas, gente como Nassef Perdomo, Cristóbal Rodríguez, Pablo Yermenos, Carmen Imbert, Fernando Langa, Negro Veras, Laura Acosta, Rosario Espinal, S.T. Castaños, Mariel León, Edwin Espinal, Mary Fernández, Fabiola Medina, Pedro Domínguez, Julio Cury, Julio César de la Rosa, Henry Molina y Laura Hernández. Ese es un buen material, de inigualable perfil.
Aquí tenemos que establecer las bases de una agenda impostergable que no tenga como coartada endosos en tiempos de elecciones para alcanzar migajas compensatorias. Así se daña la institucionalidad. Creer que es posible radiar los fantasmas del partidarismo es ilusorio. Ahora bien, que la calidad y la competencia prevalezcan como método distintivo en capacidad de aminorar una historia de desbordamientos donde la “obediencia acompañada de incompetencia” sirve de mecanismo de elección en liderazgos caracterizados por mañas que tanto daño hacen a la vida democrática.