POR JOSÉ LUÍS ALEMÁN S.J.
Creí que, después del juicio del BANINTER que excluyó explícitamente responsabilidad del Gobierno en el caso,  los partidos políticos, pasarían del pasado al futuro y tratarían de exponer la dirección de sus futuros programas.

Alguno lo ha hecho eligiendo un tema vital para el bienestar de la sociedad -el empleo- pero de muy difícil realización. Otro indica sin muchos programas  una orientación a favor de los pobres basada en planes de asistencia. Esperamos que el partido en el gobierno emita claras señales sobre su futura oferta dejando de repetir culpabilidades pasadas que atañen más a personalidades del sector bancario comercial que al Gobierno de turno.

En cualquier caso, sin embargo, la condición de posibilidad de éxito de planes partidistas de Gobierno, depende de lo que solemos llamar equilibrio macroeconómico muy mal definido  como estabilidad de la tasa de cambio y de una baja tasa de inflación. Obviamente el equilibrio económico va mucho más allá por incluir ciertas reglas de política económica y de institucionalidad social.

Empezaré por la exposición de algunas reglas básicas de política económica y trataré más tarde de hacer lo mismo en el campo de la organización institucional de la sociedad. Estoy convencido de que estos dos tipos de reglas son fundamentales para el equilibrio macroeconómico a largo plazo.

1. Reglas básicas de política económica

a) La primera regla de política económica es disciplina fiscal entendida como nulo o limitado exceso del gasto público consolidado sobre los ingresos. No existe acuerdo básico sobre la medida  de la limitación del déficit fiscal: porcentaje del monto de la deuda sobre el PIB o sobre las exportaciones. Incluso el déficit puede incluir o no (déficit primario) el pago de intereses.

Generalmente se aprecia mejor la peligrosidad de los déficits fiscales por sus efectos sobre la inflación y sobre la tasa de cambio. Greenspan, sin embargo, al analizar el de los Estados Unidos insiste en su futuro efecto fiscal sobre la distribución del gasto público. Por pequeño que parezca todo incremento de los déficits fiscales grava el futuro reduciendo las posibilidades del Gobierno para una mejor distribución del gasto. Generalmente desde Ricardo se consideraba que el peligro de los déficits está en la financiación del pago de montos e intereses futuros, fuese por nuevos impuestos, por contratación de deuda pública externa o interna, o por creación de dinero o préstamos del Banco Central al Gobierno. Para el famoso Gobernador de la Reserva Federal es importante la reducción de posibilidades del gasto en el futuro.  Una comparación entre la actitud de los Presidentes Clinton y Bush  ayuda a entender el dilema que enfrentan los presidentes frente a los déficits fiscales.

Para ambos aceptar los límites que impone  la disciplina fiscal significaba renunciar a una parte apreciable de sus ideales y hasta de sus promesas electorales: de tipo social para Clinton (seguridad social, distribución de la carga impositiva a favor de las clases media y media baja),  y de tipo militar y económico (conveniencia de disminuir los impuestos que gravan los ingresos de los más ricos para incrementar la inversión) para Bush.

Según Greenspan el Presidente Clinton reconoció rápidamente que el uso extensivo de préstamos para financiar el déficit terminaría por minar la salud financiera del sistema y aceptó el sacrificio de sus ideales. Bush, en cambio, optó por llevar a la práctica sus ideales aun a costa de aumentar la enorme deuda norteamericana.

Como es comprensible esta opción, déficits fiscales-promesas electorales,  no se decide principalmente por preferencias personales sino por la presión de sus grupos de apoyo e incluso de la opinión pública. Basta caer en la cuenta de la oposición de los medios a cuanto sea aumento de impuestos o reducción del gasto público en tiempos de recesión para calar la profundidad del sentimiento popular contra la disciplina fiscal.

En buena parte la historia económica dominicana desde su independencia ha sido la de una lucha entre disciplina fiscal y renuencia a aceptar su necesidad agravada ciertamente por poco justificables inversiones y mala calidad de la oferta de servicios públicos. Sea esta como sea no tengo la menor duda de que cualquier programa de futuro gobierno, independientemente de la voluntad de sus promotores tendrá que enfrentar la prueba de la disciplina fiscal y que en principio hallará una fuerte oposición,

b) La segunda regla de política económica tiene que ver con la creación de los incentivos, léase modificaciones fiscales o financieras en contra de intereses dominantes, requeridos para el éxito de cualquier programa de política económica. Aquí y más nítidamente que en lo que se refiere a la regla de la austeridad fiscal (que sería más exacto llamarla ley de la necesidad fiscal) las protestas serán mayores.

Comencemos reconociendo que una parte mayoritaria de nuestros incentivos se ha convertido con el tiempo en protección contra la competencia. Repasemos brevemente tres casos la en los setenta famosa ley 299 de incentivo industrial, el encaje legal selectivo de los bancos y los incentivos agropecuarios vigentes.

La ley 299 de incentivos industriales concedió grandes privilegios fiscales, financieros y cambiarios a las nuevas industrias nacionales en el supuesto de su duración limitada. El modelo, una copia imperfecta de la protección de List a la industria naciente sufrió desde su inicio de la evidente falta de voluntad política para respetar los plazos acordados y acabó convirtiéndose en muchos casos en protección a industrias de mala calidad. No sólo la globalización sino el mismo tamaño limitado del mercado nacional y la escasez de divisas, peligros inherentes a este modelo de sustitución de importaciones, obligaron su anulación. Un proteccionismo sin competencia es receta segura de mala calidad.

Mucho más original fue el encaje selectivo para los bancos comárcales que imponía enormes encajes  a préstamos del sector comercio y casi ninguno a los dedicados a la industria nacional. Obviamente los bancos comerciales tuvieron que prestar preferentemente a proyectos industriales que ponían en juego su liquidez por el largo tiempo que toman en producir beneficios si los producían. Nacieron de aquí malas prácticas bancarias -préstamos a vinculados sin penalizaciones por incumplimiento de los términos de préstamo- que minaron la solidez bancaria y originaron empresas incapaces de enfrentar la competencia.

Finalmente recordemos que aun ahora la supervivencia de muchas empresas agropecuarias depende de la prohibición de importaciones que resultarían notablemente más baratas que los bienes producidos nacionalmente. 

La experiencia histórica enseña que los incentivos concedidos en la práctica por tiempo ilimitado se convierten en instrumentos de protección a favor de sectores económicos que tras un tiempo de bonanza terminan en desincentivos manifiestos a la producción y a una mejor distribución.

c) La tercera regla de política económica -máxima cautela con mecanismos de regulación de precios, interés y tipo de cambio- está vinculada por el apoyo que recibe a la de incentivos.  Basta  recordar algunas de las muy bien intencionadas y aparentemente justas exhortaciones a los comerciantes para que no suban los precios en tiempos de calamidad nacional para comprender su atractivo y  pésima lógica.

Los profetas de  este tipo no suelen distinguir entre dos situaciones económicamente diversas: la de comerciantes que pretenden seguir en su negocio y la de quienes no tienen esa intención. Cuando un comerciante se propone continuar su negocio pero teme con razón una subida de precios por situaciones trágicas, como la de los alimentos en los días posteriores a Noel, no tiene, salvo que acepte una reducción de su capital liquido si dispone de él,  más remedio que subir los precios de los víveres que adquirió a precios más bajos so pena de no poder comprar a precios más altos nuevos víveres, ahora más caros. Si quiere continuar su negocio tiene que vender a precios más altos que permitan la financiación de sus futuras compras. Muy distinta sería económicamente hablando la del ciudadano que tiene existencias de los bienes demandados sin pretender iniciar un negocio porque su capital procede otras fuentes.

Sin duda alguna siempre existirá el riesgo de una subida excesiva de precios y por lo tanto hay lugar para exhortaciones a no abusar de la escasez.  Pero condenar  alzas de precios de venta por comerciantes profesionales en la situación descrita expone ignorancia elemental de conocimientos comerciales.

Dejando de lado estos casos extremos todos debemos saber suficientemente bien que los intentos por mantener bajos precios sin consideración de los costos de producción conducen inevitablemente a su escasez o a  masivos subsidios del Gobierno muchas veces evitables por la importación.

d) Obviamente estas tres reglas básicas de política económica no revisten la categoría de “imperativos categóricos” de cumplimiento necesario siempre y en cualquier caso para evitar un caos económico. Son más bien reglas pragmáticas extraídas de la experiencia. Pueden ser “negociadas” en función de la circunstancias pero deben defenderse como ejes de toda política económica. Su inobservancia en grado extremo pone en peligro cualquier equilibrio macroeconómico.

Resumiendo: todo  equilibrio macroeconómico  sin observación aceptable de estas tres reglas es precario.

2. Reglas básicas de institucionalidad societal

Tan importantes como las tres reglas  de  política económica son otras tres de institucionalidad social que incluyen pero trascienden lo puramente económico: un  principio “constitucional” que defina la relación entre economía y otras instituciones sociales,  la observancia especialmente por parte del Gobierno de las leyes y contratos, y la pena a quienes las quebrantan.

a) El “principio constitucional” que regula la economía y sus relaciones con otras instituciones sociales ha sido definido de formas muy distintas en diversas sociedades.

Para un neoliberal  la organización de la  economía tiene como objetivo irrenunciable la máxima libertad de los ciudadanos en el campo económico. Todo ciudadano tiene  el  derecho  de comenzar una empresa y de trabajar en lo que juzga más conveniente o de cerrar aquella y dedicarse a otra actividad. La ley definirá más específicamente los derechos de los ciudadanos en este campo y los limitará, por ejemplo a través de Códigos  de Comercio o Medioambientales, sólo cuando choquen entre sí los derechos de las personas.

Para los alemanes defensores de la “economía social de mercado” los ciudadanos conservan su libertad de acción económica pero el Estado tiene el derecho a corregir los resultados de esa gestión -la distribución- para hacerla más justa.

Para los países nórdicos e Inglaterra la acción social estatal será preferentemente el impulso y hasta financiamiento de un sistema global de Seguridad Social.

En otros países como Francia hasta hace poco tiempo y sobre todo la Rusia postsoviética se concede una situación privilegiada a   las empresas estatales.

b) Hasta cierto punto, sin embargo, el principio constitucional de organización económica o no está tan precisamente definido y aceptado o hay que deducirlo de una serie de prescripciones constitucionales muy detalladas. Me parece que por aquí andamos nosotros. Una Constitución tan extensa  como la nuestra más que establecer principios generales de organización social tiende a considerar situaciones importantes en las que el Estado o los ciudadanos son actores importantes. Desgraciadamente el detalle se paga con falta de precisión en los principios. De cualquier modo que sea la Constitución y las Leyes fijan la conducta apropiada de los actores económicos en varias situaciones.

El fiel cumplimiento de la Constitución y de las Leyes por parte del Gobierno es vital para dar confianza  a los ciudadanos. Buena parte de las operaciones económicas, sobre todo las más importantes como las que surten efecto a largo plazo como son las inversiones, exigen una confianza muy grande en la observancia de las leyes y de la Constitución. Esta confianza no se basa en el poder coactivo del Estado. Todo lo contrario: en los casos más interesantes de conflicto Estado-Ciudadanos la mutua confianza reclama que aquellos que no disfrutan de poder coactivo, los ciudadanos,  puedan vencer en virtud de la ley el poder del Estado. El poder sin armas de la ley precluye el abuso.

Como legítimo corolario podemos afirmar que el irrespeto a la ley por  funcionarios fomenta desconfianza en el sistema y hace peligrar cualquier equilibrio macroeconómico.

c) La experiencia histórica muestra que tanto los funcionarios como los ciudadanos quebrantan la ley. Castigar en tenor  con las leyes  a quienes lo hacen significa la última tabla de salvación del orden social. No hacerlo por la razón que se alegue, evitar divisiones sociales, respeto al cargo…, equivale a canonizar la falta de importancia  de la ley. Hacerlo en unos casos y no en otros añade injusticia al desgobierno.

3. Conclusiones

Creo imposible hablar de un verdadero y prolongado equilibrio macroeconómico prescindiendo de algunas reglas básicas de política económica y de ordenación social.

Un equipo técnico calificado como el que maneja la política monetaria y cambiaria del Banco Central puede en circunstancias no extremas aunque tampoco muy favorables garantizar por un tiempo cierto equilibrio macroeconómico reflejado en estabilidad de la tasa de cambio y “baja” inflación. Ciertamente no ha sido pequeña tarea.

Temo que en nuestra actual situación económica-política-social hay demasiadas fuentes de desequilibrio a largo plazo. He tratado de identificar y exponer algunas.

Estoy convencido de la conveniencia de planes y programas para el futuro gobierno. Pero su éxito dependerá en no pequeño grado del manejo que den a  esas fuentes de desequilibrio macroeconómico.