REYNALDO R. ESPINAL
No bien comenzamos a reponernos de la resaca moral que nos produjo el odioso escándalo de los pseudos “incentivos” en la Junta Central Electoral -el que cabe decir trascendió a la opinión pública gracias a la osadía ética de una magistrada honorable-, cuando de pronto, -y como si de una fatídica pesadilla se tratara- , tenemos que aspirar nueva vez los ciudadanos otra purulenta emanación de la gangrena moral que corroe a nuestras instituciones : esta vez -como sabemos- proveniente de la Cámara de Cuentas.

En un hecho sin precedentes en los anales de nuestra inveterada inmoralidad institucional, ocho de los “honorables” Jueces del precitado Tribunal -adviértase que se trata de la instancia jurídica con atribución constitucional para certificar la transparencia y pulcritud de nuestras instituciones públicas- acordaron elevarse sus salarios mensuales, de RD$ 261,088. 28 a la irritante suma de RD$ 601,904.00 mensuales.

No es el hecho en sí mismo, sin embargo, con todo lo bochornoso que resulta, la más palpable prueba del grave eclipse de ética pública en que se debate nuestro devenir institucional. Donde mejor podemos apreciar aquello que el Magistrado Subero Isa definió acertadamente en una ocasión como nuestra “septicemia moral “- y ello respecto al caso que nos ocupa- son las razones que, a decir de uno de sus integrantes, fueron invocadas por el resto de sus compañeros, para sustentar ante la opinión pública, las bondades de su decisión.

Es en este resbaladizo terreno de las justificaciones en el que tantos funcionarios públicos parecen partir del supuesto de que los ciudadanos de a pie -que observamos atentos su comportamiento- padecemos de oligofrenia cuando no de congénita estupidez. Pensemos si no en las “poderosas”razones esgrimidas esta vez por los “honorables jueces” de la Cámara de Cuentas.

Lo primero ha sido esgrimir razones jurídicas. Con ello se vendría a decir que la decisión está ya justificada por la voluntad mayoritaria de un grupo de jueces que acordaron -fundados en la ley- adoptar tal determinación. Es decir que con tal de que actuemos, como suelen decir los juristas “apegados a la ley “están ya legitimadas moralmente todas nuestras acciones.

¿Qué refleja esta burda confusión entre Etica y Derecho? La paladina confesión de que tales jueces y juristas o carecen de ética o no saben Derecho, o tal vez- y ello sería ya el colmo de la perversión- de que adrede han decidido actuar sin ética y sin sujetar verdaderamente sus actos al Derecho. No es preciso haber asistido a una Facultad de estudios jurídicos para saber -desde que el notable jurista Romano Celso así lo acuñara- que la razón del Derecho es “garantizar la justicia”.

¿Es de justicia que un funcionario – por muy encumbradas quesean sus funciones- abofetee tan impúdicamente la dignidad de un empleado público que percibe RD$ 4,000 pesos mensuales, elevándose su sueldo a RD$ 600, 000?

Pero como si no bastara la justificación antes dicha para causarnos ya suficiente desazón, ocurre que a decir del Magistrado precitado, sus compañeros alegan que tal medida se justifica debido a que con ella se “evitaría caer en acciones de corrupción”. ¡Qué desvergüenza! O sea que ahora todo aquel que ejerza una función pública y no gane RD$600,000 tiene patente de corso para incurrir en acciones de corrupción, o, para mejor decirlo, tienen licencia para ser corruptos prácticamente el 98 % de nuestros empleados públicos, por no decir los privados que perciben también -muchos de ellos- sueldos irrisorios.

Claro está que a esta ya larga lista, habría que agregar la de todos aquellos que no perciben sueldos o viven del “chiripeo”, con lo cual entonces sí tendríamos razones más que sobradas para decir, que el “99.99 % “de los dominicanos -que no ganamos RD$600,000-, tenemos todo el aval moral y jurídico para ser corruptos, porcentaje similar al que una vez utilizara un atípico político de nuestro entorno, quien se arriesgó a aventurar cifras sobre el talante ético de sus compañeros de oficio.

Parece que cada cierto tiempo necesitamos de una decisión bochornosa -como la acontecida ahora en la Cámara de Cuentas- para tomar conciencia de la profunda gangrena moral que corroe nuestras instituciones. Ello, empero, no constituye más que la manifiesta evidencia de que es la familia y la sociedad dominicana la que transita sin brújula ética y que nuestra crisis moral -la cual hunde sus raíces en los más recónditos meandros de nuestra historia- ha tocado fondo en los umbrales del siglo XXI. Entre tanto, cabe preguntarse: ¿Quién tiene la pócima, el mágico conjuro para tan terrible dolencia?.