El escaso compromiso de las élites nacionales

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POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
Tal como indica el Informe Nacional de Desarrollo Humano recién publicado, la responsabilidad de no haber traducido en progreso colectivo el crecimiento económico dominicano de los últimos 50 años no es sólo de los políticos, sino también de las elites económicas y sociales, entre las cuales resalta el empresariado.

Harían un pobre papel los actuales dirigentes del empresariado dominicano si renunciando a la autocrítica y con exceso de sensibilidad se dan por ofendidos y rechazan los planteamientos del informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Aunque en honor a los nuevos líderes empresariales debe reconocerse que ha habido cambios importantes en sus concepciones y preocupaciones, especialmente en la última década, cuando han optado por asociarse a otros sectores sociales para demandar reformas fundamentales para la institucionalidad democrática y el desarrollo.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Si las carencias de la nación, como sus precarias prácticas democráticas, sus debilidades institucionales y la corrupción fueran patrimonio exclusivo de los que han encabezado el liderazgo político y los partidos, hace tiempo que el país los hubiese sustituido para dar saltos a estadios superiores de organización social.

De haber estado la elite económica y social al margen de las responsabilidades en la pobre gestión de la nación, se hubiese puesto al frente de un movimiento transformador de las prácticas políticas, o por lo menos lo habría favorecido ampliamente, en vez de jugar al afianzamiento de los liderazgos tradicionales.

Un informe como el del PNUD, en base a los parámetros del desarrollo humano de ninguna manera podía reducir a los dirigentes políticos las responsabilidades de la injusta distribución del ingreso, las debilidades de las instituciones democráticas, la mala inversión de los recursos nacionales y las extendidas prácticas de tráfico y corrupción.

El análisis del proceso social dominicano permite sostener que detrás de todos los políticos y sus políticas ha habido grupos importantes del empresariado, así como del resto de las elites sociales, incluyendo a la iglesia dominante, asociados y colaboradores de prácticas políticas que les han beneficiado con creces.

Tras ponderar el que la República Dominicana fuera el país de mayor crecimiento económico en toda América Latina durante el último medio siglo, el informe plantea en su primera página que “la causa principal de la pobreza dominicana y del bajo desarrollo humano relativo no es la falta de financiamiento y de recursos económicos, sino el escaso compromiso con el progreso colectivo del liderazgo nacional político y empresarial¼”

Ya en los finales, página 209, precisa que las oportunidades nacionales, en educación, salud, agua potable y saneamiento, y empleo, no se han alcanzado “porque no se aprovechó el crecimiento para financiar el bienestar de las personas. Sencillamente, los recursos se gastaron en otras prioridades que no mejoraban el nivel de vida de las personas”.

Para a continuación sostener que “Esa incapacidad de aprovechar las oportunidades del crecimiento económico para mejorar el nivel de vida de las personas es el fracaso de las elites económicas, sociales y políticas del país y del tipo de modelo económico institucional que se ha seguido en las últimas décadas”.

PERVERSA CONCENTRACIÓN

Fruto de la gestión pública y de la presión e irresponsabilidad de las elites nacionales el crecimiento económico del último medio siglo se concentró hasta haber creado dos naciones en una, con un mínimo de la población viviendo hasta con más boato y ostentación que en los países desarrollados, y la mayoría sobreviviendo en la miseria y con escasas oportunidades de ascenso por vía de la educación y el empleo.

El Informe del PNUD resalta que el país es de los tres últimos en América Latina y el Caribe en porcentaje del producto bruto interno dedicado a la educación, donde apenas el 50% de los que han ido a la escuela completa el cuarto año de primaria, el 22 % el octavo, y sólo un 10% termina la secundaria, en precarias condiciones, y por otro lado el empleo que más ha crecido es el informal con el 56 % del total.

Durante la mayor parte del tramo de crecimiento económico, las elites nacionales sólo se preocuparon de promover “una rentabilidad de corto plazo sin un proyecto nacional que sea socialmente incluyente”.

La contribución por vía de impuestos de los sectores privilegiados fue pobre, con grandes tasas de evasión y a través de un sistema de exenciones ventajosamente aplicado, exonerando de impuestos aviones, automóviles y lanchas de lujo y hasta los mobiliarios de las villas veraniegas construidas en playas y montañas.

Por otro lado la inversión del Estado se destinó en considerables proporciones más a mejorar el urbanismo, las carreteras, aeropuertos y otras infraestructuras que benefician más a los sectores pudientes que al desarrollo de los más pobres, dejando el área rural en abandono e incentivando la concentración de la miseria en las periferias de las grandes urbes.

Y hasta hace una década esas elites económicas y sociales eran inmunes a las preocupaciones por la democratización e institucionalización de la nación. Más bien eran cómplices de las manipulaciones políticas, y del irrespeto a la institucionalidad como forma de mantener un estatus en el que crecían sin repartir.

Difícilmente se encuentre una sola forma de corrupción en la que las elites no estén asociadas a los políticos dominantes, con el agravante de que los de mayor poder económico han sido los promotores de la corrupción a través del financiamiento de los partidos y candidatos, cuando no apelando directamente a la compra de los legisladores y ejecutivos estatales. Y cuando el poder político no estuvo a su disposición en 1963, las elites dominantes apelaron al golpe artero contra la democracia, incentivadas por las tensiones que la guerra fría produjo en la región.

COGOBIERNO EMPRESARIAL

Desde luego que ningún sector social es homogéneo, lo que implica que no hay una sola visión ni comportamiento social. Excepciones hubo de sobra en todos los ámbitos de las elites, incluyendo al empresarial, algunos de los cuales fueron visionarios y adelantaron inversiones y prácticas incluyentes.

Pero durante varias décadas, el empresariado practicó una especie de cogobierno, instituyendo las políticas que le beneficiaban, desde instancias como la Comisión Nacional de Desarrollo, y con poder de decisión en organismos claves como la Junta Monetaria, el Directorio de Desarrollo Industrial y los encargados de aplicar las leyes de incentivo industrial, de promoción del turismo y en los consejos directivos de las empresas e instituciones autónomas del Estado.

De lo que se hizo y lo que no se hizo esas elites fueron co-decisorias en la Corporación Dominicana de Electricidad, en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, y en otras instancias como el Consejo Estatal del Azúcar y el Instituto de estabilización de Precios.

Como creadores de ideología, especialmente a través un amplio espectro comunicativo, las elites económicas-sociales justificaron políticas de inversión fundadas en el desarrollo urbanístico como sinónimo de progreso, más que en el desarrollo de las potencialidades humanas y sociales.

Acostumbrados a vivir y crecer a costa del Estado se anquilosaron en las políticas proteccionistas y aún cuando tuvieron que abocarse a reformas y aperturas comerciales estas “no se tradujeron en un fortalecimiento de la competitividad o en una mejoría de la productividad”, como expresa el informe del PNUD en su página 39.

Y como colofón de la corresponsabilidad de sectores económicos en el descalabro nacional se cita el fraude bancario que como consigna el Informe sobre Desarrollo Humano (página 10), “provocó una pérdida del 20% del PIB y causó una grave crisis económica generando cerca de un millón de pobres adicionales, entre abril del 2000 y octubre del 2003”.

CAMBIOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA

El informe sería justo con el liderazgo empresarial si sólo se refiriera a los últimos 15 años. Porque en este período se han producido cambios importantes en las preocupaciones y prácticas sociales del sector, especialmente a través de su gestión gremial.

Con la década del 90 el empresariado comenzó a darse cuenta de que tenía que promover políticas más inclusivas y abocarse a reformas económicas y sociales, así como a preocuparse por la vigencia de la democracia y el fortalecimiento de las instituciones.

Incubados en la convención empresarial de 1990, los cambios quedaron patentes en la de 1995 que aprueba una agenda empresarial para el desarrollo integral y cambia el nombre del Consejo Nacional de Hombres de Empresa, a Consejo Nacional de la Empresa Privada.

Bajo las gestiones de George Arzeno Brugal, José Vitienes y José Manuel Paliza y Celso Marranzini el empresariado organizado comienza a establecer nuevos vínculos sociales en pro del mejoramiento de la educación, de la seguridad social, de la justicia, de la democracia electoral y de la lucha contra la corrupción.

Esos vínculos se han seguido fortaleciendo en los últimos años bajo el liderazgo del CONEP y, como desde mucho años antes, a través de sectores como los industriales de Herrera y la Asociación de Jóvenes Empresarios. Hasta el punto que ya no es sorprendente que los dirigentes de estas instituciones aparezcan firmando comunicados junto a agrupaciones contestatarias y comunitarias.

Ese nuevo liderazgo empresarial con mayor sensibilidad social está llamado a jugar un mejor papel en el devenir institucional y el desarrollo social dominicano, razón por la cual debe acoger con apertura los desafíos del Informe Nacional de Desarrollo Humano.-