Todo ser humano, desde que alcanza “uso de razón”, alberga anhelos de una mejor vida, aún fuere a costa de abandonar su lugar de origen.

La emigración es, y ha sido siempre, un fenómeno anejo a la vida misma.

Cuando la gente asume que sus condiciones se estancan, que sus proyectos personales “no caminan”, procura los medios de saltar hacia tierras promisorias.

Si los gobiernos, por la razón que fueren, abandonan los pueblos a su suerte, si no dotan las comunidades de las infraestructuras mínimas necesarias, entonces la gente buscará cómo procurarlas.

La capital dominicana, justo es reconocerlo, ha sido siempre la gran privilegiada del Estado en materia de inversiones.

El “espejismo” patrocinado por el Estado alienta una emigración que se ha traducido, por lógica consecuencia, en una serie de deficiencias en los servicios públicos, pues la masiva corriente migratoria irá a poblar las barriadas improvisadas de la ciudad.

Los políticos han sido, paradójicamente, los grandes beneficiarios de la masiva emigración. ¿Por qué?

La concentración del votante en núcleos territoriales facilita la adhesión y reduce esfuerzos durante las campañas proselitistas.

Pero también esa emigración con eje rural-urbano arrastra hacia “la gran ciudad” una serie de malas costumbres, con su secuela de irrespeto hacia las normas de convivencia.

Mucha gente busca trascender a como dé lugar, abrirse espacios en ambientes extraños, y en esos afanes violenta otras formas de vida.

Esa agresión reñida con las buenas costumbres envía a la sociedad mensajes muy peligrosos.