Sin importar el color partidario que nos identifique, todos los que se toman en serio este hermoso país, quienes constituyen una contundente mayoría, saben que debe ser sometido a reformas que han sido pospuestas desde nuestra formación como nación.

Reformas para blindar el sistema democrático; robustecer las finanzas públicas; mejorar todos los servicios públicos; profundizar las virtudes de resiliencia que hemos probado; y darle sostenibilidad a un modelo de desarrollo que fomente el bienestar general y mejore la calidad de vida de todos.

Todos estamos conscientes de que debemos abordar un programa de reformas igual o parecido a ese, como lo ha propuesto el presidente Luis Abinader, pues de lo contrario abocaríamos al país a serios desafíos de gobernabilidad política y social.

Puede leer: ¿Por qué priorizar la reforma constitucional?

La urgencia con que requerimos hacer esos cambios, para no caer en situación de desestabilidad social nos la están indicando Haití, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, sólo en nuestra región, que pugnan por salir de modelos que los tienen al borde de la confrontación fratricida.

Otras zonas del globo están preñadas de guerras, serias crisis migratorias, el cambio climático o la falta de preparación para asimilar los impactantes cambios que ya está produciendo las últimas generaciones de la revolución tecnológica, entre otras incertidumbres.

Que debemos hacer las reformas no está en discusión. En lo que quizás podemos diferir, y debemos ponernos de acuerdo, es en el espíritu en que debemos acometer esas reformas, para asegurar de antemano su éxito.

Acaban de transcurrir tres procesos electorales, con elecciones impecables, según hemos reconocido todos.

Eso significa que estamos justo en un tiempo constructivo en el que, atrás la porfía electoral, debemos establecer líneas de comunicación y puentes de cooperación para que entre todos articulemos la más oportuna e integradora agenda de trabajo.

Como es de público conocimiento, a partir de que organismos estatales propusieron un borrador de un proyecto de reforma a la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, se crearon fuertes discusiones ya que sectores como los periodistas consideraron que el proyecto contenía aspectos ambiguos con respecto al más estricto ejercicio de la comunicación social.

El jueves se informó que tras más de ocho meses de conversaciones, una comisión conformada por distintos sectores del periodismo, la sociedad civil, empresarios, el Gobierno y juristas, alcanzó un acuerdo en torno a los puntos a reformar de la Ley 1-24.

«Esta tarde hemos estado reunidos aquí después de una larga jornada de trabajo con la comisión de abogados, para comunicarles que finalmente hemos llegado a un acuerdo para someterle al Poder Ejecutivo una propuesta de cambio a la ley que crea el DNI”, informó Persio Maldonado Sánchez, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios.

No tenemos que estar todos de acuerdo en todo, pero sí en acercarnos en lo que podemos estar de acuerdo, es experiencia con el proyecto de ley de la DNI es un nítido ejemplo del espíritu con que debemos acometer todas las otras reformas.