Fue un acto de justicia social del Gobierno del Presidente Danilo Medina el socializar las licitaciones de obras del Estado para dar participación al mayor número posible de ingenieros de todo el país. Gracias a esa decisión pudimos ver a entusiasmados ingenieros de todas partes del país erigiendo escuelas y otras obras, y en principio todo marchó a pedir de boca, hasta que empezaron a surgir los “pero”, y vinieron los inconvenientes que nunca faltan.
Ahora ocurre que 16 entidades públicas tienen deudas por RD$1,500 millones con 302 de esos ingenieros. Y da pena tener que tomar como punto de referencia el suicidio del arquitecto David Rodríguez, el 25 de septiembre del 2015, en un baño de la OISOE, porque precisamente a raíz de ese trágico suceso se les prometió a esos ingenieros que les serían pagadas las deudas. Todos sabemos que ese arquitecto se suicidó abrumado por los compromisos y por sentirse burlado.
Al Gobierno no le luce quedar mal ante sus acreedores, y menos cuando se trata de personas que asumieron compromisos y deudas para cumplir su obligación ante el Estado, pero que no tienen capacidad financiera para capear el atraso. El Gobierno tiene que dar ejemplo de que respeta los plazos. El atraso genera entre los ingenieros acreedores deudas e inconvenientes que les perjudican. Que les paguen ya.

Vigilancia más eficiente

El quid del asunto no está en la densidad de la vigilancia en el Parque Nacional Sierra de Bahoruco y otras áreas protegidas, sino en qué tan efectiva resulta esa vigilancia. El delito ambiental ha continuado generando pasivos importantes por causa de la tala de árboles para hacer carbón, el conuquismo, la agricultura insostenible y otras prácticas humanas. No tenemos noticias de que los flujos de leña y carbón hacia Haití hayan experimentado cambios.
La protección de nuestros recursos naturales requiere más efectividad y rigor, de manera que paguen las consecuencias los depredadores y quienes de alguna manera actúan como cómplices al darles apoyo o hacerse de la vista gorda. La experiencia ha demostrado que hay un problema de responsabilidad y rigor en la vigilancia, y eso no es cuestión de cantidad.