FAUSTINO COLLADO
Dada la tradición tiránica, despótica, autoritaria y de impunidad en el Estado dominicano, la propuesta de un Estado democrático constituye una vieja aspiración, una meta a cumplir, continuadora, pero superior, de las metas decimonónicas del Estado liberal y del Estado de derecho, planteados por nuestros fundadores y civilistas más destacados. Nadie se ha atrevido a sustentar, con seriedad política o intelectual, que el Estado dominicano es un Estado democrático. Quizás como auto consuelo de intelectuales, políticos y ciudadanos preocupados, se ha sostenido que desde 1962 la sociedad y el Estado dominicano viven una etapa de transición hacia la democracia.

Sin embargo, a más de 40 años esa transición se ha convertido en algo consustancial al Estado dominicano, sobre todo a partir de su estructura orgánica básica, que es la administración del Estado, y dentro de esta la administración pública, controlada y dirigida por el Gobierno nacional, abarcando también a las administraciones locales o los ayuntamientos, y las instituciones autónomas, entre otras.

El Estado de la transición democrática es un Estado con muchos de los vicios de todo el despotismo anterior. Este Estado «tránsfuga» fue levantado sobre el Estado trujillista, sin cuestionar sus irracionalidades y contradicciones, entre las cuales están: 1. El excesivo centralismo, 2. La atomización territorial, vía la creación artificial y politiquera de provincias, municipios y distritos municipales, 3. La lógica del control ciudadano y, 4. La falta de servicios al ciudadano; agregando nuevas deformaciones como el clientelismo masificado y la voracidad impositiva.

Al cabo de más de cuatro décadas de repetirse diferentes prácticas neotrujillistas y de que un grupo pequeño, con partido y sin partido, controle todo, se registra mucho descontento y desconsuelo, también resignación.

Por eso, al igual que otros autores que opinan sobre este tema, llamo a una reflexión seria y a una preocupación más extendida ante los planteos de que ya la democracia, como la ha soñado el pueblo, no es una alternativa para el Estado dominicano.

Al momento de escribir estas líneas han sido colocados en el debate nacional dos temas de trascendental importancia para la supervivencia del Estado dominicano y de nuestra nación. Se trata de que somos un «Estado fallido» y de que el fortalecimiento económico, social y político depende de la continuidad en el poder de una persona y/o un partido, juicio este último formulado por el Presidente de la República, doctor Leonel Fernández.

Sobre el Estado fallido, debo decir que en República Dominicana han fallado los gobernantes, los partidos, sus ideas, los centros de decisión, nacionales y extranjeros, que nos han desgobernado. Esos son los principales responsables del caos, el desorden y la depredación económica de los más pobres y los sectores medios.

Ha fallado el Estado de la transición, especialmente su poder público, el Estado pseudo democrático, no el Estado dominicano, cuyo territorio, nación, historia y capacidad de generación de riquezas han resistido y resisten la prueba de las adversidades.

En cuanto a la alternativa de un gobierno duro, continuado y continuista, basado en una reelección presidencial indefinida, tipo balaguerista, decimos que no conviene a las mayorías. La continuidad que necesita el Estado dominicano es la continuidad de la institucionalidad, la continuidad de la ley, es decir, de un Estado social de derecho, basado en el consentimiento crítico de la democracia participativa y el control de los ciudadanos(as).

Ante las confusiones que se observan en gobernantes y otros líderes, debemos hacer una apuesta por la democracia, defendiendo la continuidad de sus valores históricos y actuales, así como de sus instrumentos de participación. Esos valores son un requisito de supervivencia nacional, pues en un contexto de presión internacional de las grandes potencias, y en un ambiente de debilidad institucional, solo tres cosas nos hacen fuertes para resistir la ola de acoso contra los Estados pequeños: 1. La ley, 2. La ética y, 3. La justicia social.

Basado en estos criterios, se le debe dar mucha importancia a las propuestas de reforma del Estado, que procuran un antes y un después de la democracia en el país, por ejemplo, la instauración de una real carrera administrativa, en el entendido de que la estabilidad que da a la administración del Estado, es un soporte de la estabilidad democrática. Lamentablemente, los despidos de servidores públicos que se realizan permanentemente y especialmente cada 4 años, han tenido el mismo efecto negativo para la institucionalidad democrática que los fraudes electorales realizados desde 1966.

Lamentablemente, las propuestas de superación del Estado clientelista desinstitucionalizado han tenido y tienen tres limitaciones que le retrasan y le hacen sucumbir ante el despotismo ilustrado, de viejo y de nuevo cuño. Estas limitaciones son:

1. La dispersión, duplicidades y falta de coordinación de los auspiciadotes de la reforma democrática.

2. La presión e imposición de modelos extraños al país, por parte de imperios, gobiernos, embajadas, organismos y agencias extranjeros.

3. La falta de conciencia democrática y conciencia estatal de las élites partidarias con poder de decisión, lo que llama a repensar inclinaciones políticas de las personas con visión de futuro.

Esta realidad inspira a los demócratas y democráticos a realizar esfuerzos para aumentar el número de los y las que trabajan por un Estado democrático, es decir, un Estado social de derecho, participativo, efectivo, controlado, transparente, orgánicamente pequeño e institucionalmente fuerte, con delegación, desconcentrado, descentralizado, socialmente rentable, responsable y ético.