Hoy 
FERNANDO I. FERRÁN
República Dominicana se encuentra entre los veinte países del mundo cuyos estados políticos han colapsado o están al borde del abismo. Bueno, al menos así opina la influyente revista Foreign Policy, cuyo índice de estados fracasados o fallidos acaparó por unos días las opiniones locales. Independientemente de las posiciones tomadas, el hecho es que el Estado dominicano fue situado entre los 60 estados más inviables del mundo.
Concretamente en el sitial número 19, teniendo entre los latinoamericanos solamente a Haití (10) y Colombia (14) en peor situación, y en mejor posición a Venezuela (21), Guatemala (31), Paraguay (36), Perú (40), Ecuador (46) y Cuba (58).
En ese contexto, solamente se me ocurren dos preguntas. Primera, ¿es justa la valoración de Foreign Policy en el caso dominicano? Y segunda, ¿qué importancia tiene la misma?
La primera respuesta no es ni un sí ni un no, pues depende de qué significa un Estado «fracasado» o «fallido».
Si fracasado se refiere a que el gobierno no tiene el control físico sobre su territorio, carece del monopolio de la fuerza o no puede hacer cosas básicas como cobrar impuestos, entonces me parece indiscutible que la publicación del Fondo Carnegie para la Paz erró en lo que concierne al caso dominicano. Bajo ninguno de esos conceptos puede sustentarse el fracaso del Estado dominicano.
Sin embargo, la respuesta es más sutil si el indicador fundamental fuera la inequidad social. Tal y como observa el estudio en cuestión, el desarrollo desigual es el síntoma más común de fracaso del Estado; la injusticia, más que la pobreza, es el mayor determinante de inestabilidad.
Por ello, en la medida en que dicha inestabilidad conduce a un Estado fallido, el dominicano aún no ha fracasado, aunque está en vías de colapsar debido a la creciente desigualdad de oportunidades que aqueja a la población. La disparidad de oportunidades se pone en evidencia, tanto en un crecimiento económico muy mal distribuido, como por el aparatoso derrumbe de servicios públicos, tales como educación, salud, transporte, seguridad y tantos otros que no llegan de forma adecuada y equitativa a todo el conglomerado nacional.
No obstante lo ya dicho, la respuesta a la primera pregunta debe ser afirmativa si el fracaso estatal se refiere a la incapacidad gubernamental para tomar decisiones y enfrentar las presiones demográficas. En función de esta variable, República Dominicana está bajo una seria e indiscutible amenaza de disolución.
Como se sabe, la ruina del Estado haitiano, incluso en períodos en el que su territorio se ha encontrado intervenido militarmente, fuerza nuestra frontera con todo tipo de tráfico a través de ella, desde el humano hasta el contrabando de mercancías, drogas y armas. A falta de una política migratoria clara y precisa, pero como efecto del sinnúmero de complicidades que volatilizan la frontera dominico/haitiana una y otra vez, esa situación acumula presión social y propicia de hecho, si no de derecho, que el Gobierno dominicano llegue a perder paulatinamente control del territorio nacional. Ante este hecho, se habla con cierta razón de un Estado fallido.
La segunda pregunta es mucho más fácil de responder. La definición de «estados fracasados» responde a la preocupación esencial de la política exterior estadounidense en estos días. De acuerdo a la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos del año 2002, ese país «está menos amenazado por estados con ansias de conquistadores que por estados fracasados».
Así pues, nos conviene examinar cuanto antes el temor de que los estados fracasados se conviertan en bases para terroristas, narcotraficantes y otras bandas del crimen organizado. Esto así, dicho sea de paso, al margen de la falta de voluntad política que exhiben los gobiernos dominicanos en términos migratorios y de salvaguarda de las fronteras nacionales, de la ausencia de una política de Estado para promover la justicia social y garantizar los servicios básicos a la población, o de las exageraciones en que haya caído en Washington la revista Foreign Policy al calificar de fallido al Estado dominicano.
