El Estado solo es posible en un país con una producción económica que permite la subsistencia de un pueblo con identidad propia, organizado de tal manera que se establezcan y se hagan cumplir normas que permitan la convivencia de todos sus habitantes.
Pero una vez establecido el gobierno de ese Estado, sea independiente o de carácter colonial, tiene como deber ineludible atender los requerimientos de educación y salud colectiva de la población y crear las condiciones para que esta pueda obtener su sustento y gozar de sus derechos humanos. Todo lo demás viene por añadidura.
En la República Dominicana, esas dos misiones fundamentales del Estado organizado: educación y salud, son cada día más abandonadas, pues solo cuenta por exhibirse como trofeos del gobierno de turno, o para justificar canongías o negocios particulares de quienes están en el poder.
En el año 2013, finalmente, la lucha de los sectores más avanzados, lograron que el gobierno se comprometiera a cumplir con el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, que aunque solo se ha visto un aumento significativo en la construcción de escuelas y programas de alfabetización, casi ignorando otros aspectos referentes, la inversión en salud sigue siendo inferior al 2% del PIB.
Algo peor, no obstante el monto ridículo que se gasta en salud pública, más de las ¾ partes se utiliza en la atención médica dentro de un sistema hospitalario obsoleto y ultracentralizado sin controles ni procedimientos adecuados en medio del desperdicio, la negligencia y la corrupción. De estos solo se utiliza el 16% en la atención a los pobres, incluyendo en esto lo que va a parar a manos de los directivos y “proveedores” cercanos al gobierno.
La ineficiencia y el desabastecimiento han empeorado aun más las cosas; mientras los gastos del IDSS son todavía del 6% y varios médicos “aventajados” cobran a la vez por salud pública y la seguridad social; mientras muchos médicos están nombrados en hospitales en el interior del país, pero ejercen privadamente en el Gran Santo Domingo. La mayoría de los equipos no funcionan porque se han dañado, se le han “perdido” piezas valiosas, o simplemente el sistema eléctrico no funciona por daños o falta de pago.
A pesar de figurar en las leyes de salud y de seguridad social, no hay separación de funciones y regencia; no se ha logrado montar un sistema de atención primaria que lleve la medicina preventiva que atienda a la población, aunque esto perjudique un poco a los especialistas.
El resultado de todo esto es el abandono casi a su suerte de la gran mayoría de los dominicanos, con o sin seguridad social, la falta absoluta de respeto a los ciudadanos, aunque se le haya quitado el llamado “copago” a los pacientes, para cubrir lo indispensable de medicamentos e insumos quirúrgicos, por todo lo cual los 11 muertos del Robert Reid Cabral son una pequeña muestra de lo que está pasando con la salud pública en todo el país, y aun peor…
Es hora ya de que el pueblo dominicano organice una lucha por un mínimo de 4% por la salud, para comenzar, porque de eso depende la salud de la patria en el mañana.