El vuelco de gastos mayores hacia la asistencia a sectores poblacionales afectados por el alto costo de la vida y hacia algunas obras importantes para la comunidad pero también para que el Gobierno gane aprobación pública con la vista puesta en futuras elecciones, tienen catapultado el déficit fiscal. De un año otro el faltante en caja experimentó un crecimiento que más que duplicó el ingreso público en el mismo período y el presupuesto para el 2023 estará muy basado en deudas nuevas y en destinar un 20% del recaudo a pagar intereses en cota superior a las inversiones.

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Queda en evidencia que los efectos convulsionantes de la pandemia sobre la economía global acentuadas por la nefasta invasión rusa a Ucrania y por el cambio climático han duplicado en intensidad la deuda social dominicana, digna de mucha atención y que ha puesto al país en la condición de consumidor exacerbado de mitigaciones.

Ha faltado, como contraparte a la gravedad emergente, reconfigurar el uso de recursos públicos que han seguido nutriendo una de las nóminas estatales más desproporcionadas de América Latina. El Estado depende de un fisco mermado en su estabilidad y funcionalidad por una baja presión fiscal causada por un sistema tributario de insuficiente aplicación por la obsolescencia que facilita elusiones y evasiones y las recaudaciones dependen en elevada proporción de impuestos a consumos; no a utilidades. Un paraíso para los menos con eficiencia de captación para los más.