Las cosas no son buenas ni malas. Su bondad o maldad radica en el uso que se le dé.

Estas alianzas, per se, no son malas, pudiendo servir de soporte a importantes obras que el Estado no podría asumir.

El Estado es la máxima forma de organización jurídica y política que cuenta con poder administrativo y soberano sobre determinada zona geográfica. Esta organización política se constituye en un determinado territorio y tiene poder para ordenar y administrar la vida en sociedad. Lo representa y lo administra el Gobierno, encabezado por el presidente de la República.

Según el artículo 8 de nuestra onstitución, protege los derechos de la persona y el respeto de su dignidad.

El sector privado, que se contrapone al sector público, es aquella parte de la economía que busca el lucro en su actividad y no está controlada por el Estado. La actividad económica de un país supone verse beneficiada por el sector privado, por eso su papel es importante para el desarrollo de una comunidad. Aunque el concepto de Estado es opuesto al privado, este se considera aliado clave para conseguir objetivos de desarrollo sostenible.

Cabe señalar que, materializando las alianzas de marras, podría producirse lo que los anglosajones llaman un “overlapping”. Significa que a veces no se sabe dónde comienzan y terminan el Estado y el sector público.

Iniciando los dos mil sucedieron dos eventos, ambos funestos. Uno, la privatización de empresas del Estado, llamado “capitalización” y otro, alianzas público-privadas como la carretera a Samaná, que le cuesta más de dos mil millones al Estado, llamado “peaje sombra”. A veces la voracidad del sector privado es insaciable. Corde y los ingenios del CEA, sencillamente desaparecieron privando de ingresos millonarios, al Estado y a empleados cuyas vidas dependían de ellas.

De la CDE podemos decir que, estando al servicio del sector privado, los subsidios estatales aumentaron. Finalmente, las distribuidoras regresaron al Estado, debiendo indemnizarlos con trescientos millones de dólares. Después de la “capitalización”, el Estado tuvo que pagar al sector eléctrico como subsidio muchos millones. Hace años escribí “Mas Penas sobre Penosa”, refiriéndome a Fenosa y sus desmanes.

Punta Catalina merece un desglose aparte.

Siempre he mantenido que los servicios públicos deben permanecer en manos del Estado, principalmente energía eléctrica y agua.

Parte del artículo 15 de nuestra constitución expresa: “El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, y esencial para la vida. El consumo humano del agua tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”. Más claro, ni el agua.

Sería impensable alianzas público-privadas con este líquido vital debiendo ser el Estado celoso protector.

Según la constitución todo el litoral del país, incluyendo playas, pertenecen al Estado y por tanto públicas. Cada día vemos menos playas accesibles al pueblo por su privatización.

Considero al presidente Abinader empresario exitoso y honesto, que desea que la bandera del cambio que enarboló no solo será diferente, sino mejor, y que su gobierno sabrá proteger los intereses del pueblo que confió en él, sabiendo que la constitución no es un pedazo de papel, y teniendo en cuenta que el fin del sector privado es el lucro y el fin del Estado es protección, cuyo responsable es él.

El Gobierno representa y administra al Estado

A veces la voracidad del sector privado es insaciable

Los servicios públicos deben permanecer en manos del Estado