La presente crisis económica porque atraviesa del país, según la generalidad de los economistas, es peor que aquella del 2003-2004. Lo afirman también economistas y funcionarios del más alto nivel del gobierno.

El mayor problema que tiene la sociedad dominicana radica en que su principal institución política: el Estado, es cada día más inútil. Veamos: la vicepresidenta del gobierno español le pide al Presidente de la República un interlocutor válido para tratar los temas relativos a la inversión de su país en el nuestro. En la esencia del lenguaje diplomático, esto quiere decir que el gobierno español no ve claras las reglas de juego para el discurrir de sus inversiones en el país, las cuales son fundamentalmente en el sector turismo.

Y, a propósito de ese sector, en una demostración de que en este país cualquier funcionario, dependencia estatal o sector empresarial y gremial, etc. quiere imponer sus particulares puntos de vista al margen de las leyes, su principal funcionario quiere una ley que le permita un margen de maniobra que llega al extremo de poder determinar y clasificar formas de uso de suelo, prerrogativas éstas exclusivas de los ayuntamientos y de Medio Ambiente.

De igual manera, los gremios del transporte de pasajeros y de mercancías, con la complicidad de las autoridades del gobierno central y ayuntamientos, imponen su ley y se reparten las rutas urbanas, interurbanas, nacionales y hasta internacionales. El gobierno central, le renueva sus flotas, le garantiza el monopolio de rutas, impidiendo que en el sector transporte se cumpla la regla de oro del capitalismo: la libertad del mercado, a la cual le es imprescindible la libre circulación de mercancía.

Las estaciones de expendio de gasolina, le dicen que no al gobierno cuando éste le reclama información sobre las ganancias que obtienen por su negocio y desafiando a las autoridades y instalaran en sus gasolineras sus sistemas de expendio de gas licuado de petróleo antes de que el gobierno pueda garantizar la seguridad en el manejo de dichos sistemas.

A eso se suma la grave denuncia del Senador del partido de gobierno en la provincia Peravia, de que los jefes policiales y de la Dirección de Nacional de Control de Drogas y sus subalternos, junto a funcionarios de la justicia, de hecho, se han constituido en una asociación de malhechores en esa provincia y lo mismo sucede en las provincias de Nagua y San Cristóbal, según diputados representantes de éstas.

Estos y otros hechos, demuestran la inutilidad del Estado dominicano, su incapacidad de garantizar la libre actividad empresarial, la seguridad ciudadana, de proteger sus playas, su cielo y su frontera. O sea, de ejercer su soberanía sobre su territorio.