Es de sentido común que la política internacional de un país la dirije el jefe del Estado, sobre todo cuando el sistema político de que se trate es esencialmente presidencialista. En ese tenor, los temas de económicos y migratorios son claves y se manejan desde la Presidencia, por eso resulta un absurdo que en nuestras relaciones con Haití el Ejecutivo le haya permitido tanta incidencia a un pequeño grupo político de obtusas y alucinantes ideas.

A cualquier observador o legación extranjera le resulta incomprensible ver cómo en las relaciones de este país con su segundo socio comercial, un grupúsculo político/ideológico/confesional reclame para sí, a veces con éxitos, la conducción de esas relaciones, en desmedro de los más generales intereses de la nación.

Cómo entender que con sus acciones, ese grupúsculo obstruya el normal desenvolvimiento de las actividades de un empresariado que ha invertido grandes recursos en infraestructuras productivas en los sectores agrícola, industrial, comercial y en la construcción para el mercado que nos ofrece dicho socio. Que lance a la zozobra una significativa mano de obra, alguna con determinados niveles de calificación, por el sólo hecho de que sus ancestros son de origen haitiano.

Es por todos conocido, que el desproporcionado poder de ese grupúsculo en las administraciones del PLD es fruto de su papel en el proceso de construcción de la alianza de ese partido con las fuerzas balagueristas en 1996. En ese proceso, el presidente Medina jugó un papel fundamental y por eso, en parte, al conformar su gobierno ha mantenido el impúdico atavismo político de darle a ese grupúsculo un poder que no se corresponde con su real peso específico.

Sin embargo, la sentencia del TC impulsada por el referido grupúsculo y apoyada por otros sectores políticos y eclesiales que con él coinciden, crea una situación de repulsa política nacional e internacional por su carácter inconstitucional y violatorio de elementales derechos humanos, de la cual el Ejecutivo no puede sustraerse. El presidente Medina está obligado a darle una salida política a una resolución de un alto tribunal motivada por razones evidentemente racistas y xenofóbas, que son elementos constitutivos de la plataforma política de esos grupos.

Este país es soberano, nadie lo niega, tiene derecho a establecer su política migratoria y con los controles que entienda necesarios para proteger su frontera. Eso lo entienden los más importantes sectores de la vida política, académica e intelectual de aquí y de Haití. Sólo que se exige que ese derecho se ejerza dentro del marco del respeto a la ley, de los derechos adquiridos constitucionalmente y de acuerdos internacionales de los cuales somos signatarios.

En tal sentido, los sectores más cercanos al Presidente, los más sensatos y sensibles, están en la obligación política y moral de evitar que en materia de los temas migratorios, de derechos humanos y de libertad, el Estado siga siendo rehén de un pequeño grupo que quiere seguir medrando en el poder a través de la propagación del miedo y de la fábula de un proyecto de unificación de ambos países que tanto aquí como en Haití, nadie concibe ni quiere.

Es mejor hacerlo ahora, luego puede ser tarde.