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Una de las garantías jurídicas más frágiles y cuestionables de este país está relacionada con la propiedad inmobiliaria, jurisdicción cuyo caos ha frenado grandes inversiones y generado abundantes litis judiciales. La gravedad del problema es tal, que cientos de proyectos habitacionales erigidos por el Estado en terrenos que se creía de su propiedad, ahora aparecen como patrimonio privado, siendo esto uno de los grandes escollos que dificulta la aplicación del Plan Nacional de Titulación promovido por el Gobierno.
Al desorden en la materia se suma la oposición de especialistas con intereses en la jurisdicción inmobiliaria a que sea aplicado el Plan Nacional de Titulación, bajo el argumento de que se violarían preceptos consustanciales de la propiedad privada. En nuestro país la legislación de tierras se basa en un sistema que data de 1858, que se aplicaba inicialmente en Australia y que fue instaurado aquí en 1920, mediante una orden ejecutiva.
El país, que ha logrado avances notables en materia de garantías para el comercio, tiene como punto débil el desorden en la jurisdicción inmobiliaria, que impide precisar la fidelidad de muchos títulos. El problema es más grave aún si se tiene en cuenta que esa falta de seguridad sobre la fidelidad de títulos afecta patrimonios territoriales del Estado, que ahora figuran como privados.
PREGUNTA QUE ESPERA RESPUESTA
La Interpol ha emitido orden de búsqueda y captura contra el sargento policial Félix Lora de Jesús, uno de los presuntos miembros de una banda de sicarios cuya dirección la Policía y el Ministerio Público atribuyen al regidor Erinsson de los Santos Solís. Las atoridades presumen que ese sargento, acusado junto al también sargento Amaury Cabrera Martínez, que está preso, habría huido hacia Venezuela.
Ocurre que estos dos sargentos estuvieron bajo arresto a raíz de un fallido intento de secuestro del empresario del Transporte Manuel Antonio Mateo (El Toro), en San Juan de la Maguana. En poder de los sargentos y sus acompañantes se encontaron elementos aparentemente suficientes para someterlos a la justicia, pero todos fueron libertados sin cargos y uno logró salir del país. ¿Alguna explicación al respecto?
