Los fenómenos naturales que causan desastres y cobran vidas humanas son diversos, uno más peligrosos que otros, algunos no son previsibles, entre los previsible están las tormentas y huracanes que en nuestro caso son los más frecuentes en estas tierras.

La ventaja de estos es que se les puede dar seguimiento desde su nacimiento, trayectoria, intensidad, se puede determinar el momento exacto en que se sentirá su furia en nuestras ciudades. Esto supone que el Estado y sus instituciones tienen tiempo suficiente para preparase y mitigar los efectos de estos fenómenos.

Decía mi abuela y me imagino que muchas otras abuelas: el pasmo con tiempo tiene cura, esto haciendo referencia a la prevención. A lo largo de nuestra vida republicana una serie de instituciones han sido creadas y mantenidas con el fin de proteger a la población vulnerable de situaciones de desastres, ya sean naturales o sociales, pero su efectividad no es la que realmente demandan los fenómenos que hemos enfrentado. Existe mucha debilidad por falta de recursos, tecnología, personal y sobre todo un plan serio de mitigación de desastres que dicte los protocolos adecuados para cada ocasión.

Es mucho lo que se puede analizar y escribir sobre este tema pero en esta ocasión quisiera que veamos la vulnerabilidad y debilidad del sistema de construcciones y edificaciones estatales.

Según los datos oficiales, entre la noche del 9 y el día del 10 de julio del año en curso, en unas doce horas se registraron lluvias que llegaron a unos 209 milímetros, esto equivale a casi el 30% de las lluvias que se registran anualmente en el país, que es cerca de 1,500 ml. Esta es realmente una considerable cantidad de lluvia, suficiente para inundar una ciudad que carezca de un sistema efectivo de drenaje pluvial.

Partiendo de la cantidad de lluvia registrada es entendible que colapse una que otra pared de una casa en un barrio cualquiera. Dado la precariedad de las construcciones, la baja calidad de los materiales, la vulnerabilidad de los terrenos en que se construye y la nula supervisión de los ayuntamientos. En resumen la falta de un protocolo mínimo de construcciones privadas hace vulnerables miles de casas construidas en los barrios del gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Debe ser responsabilidad de los gobiernos locales regular y supervisar las construcciones de viviendas en sus localidades apegados a una estrategia de desarrollo y las regulaciones nacionales sobre seguridad en las construcciones y edificaciones, apegados al código sísmico vigente.

Lo que resulta inexplicable es el colapso de edificaciones construidas por el Estado Dominicano. Vicios de construcción, debilidad y fallos estructurales, lo peor es que no estamos hablando de infraestructuras viejas, no son edificaciones de la dictadura, sino escuelas, carreteras y hospitales recientemente construidos o reparados.

¿Quién responde a la población que en última instancia es quien paga por esas construcciones?

El Estado contrata la realización de las obras, es responsabilidad absoluta del gobierno garantizar la calidad y eficiencia de las obras de infraestructuras que les entrega a la población.

Dentro del organigrama del gobierno central nos encontramos con una institución llamada a supervisar las construcciones que se realizan por el gobierno a nivel nacional. Hablamos de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), dicha oficina tiene como finalidad supervisar la contratación y ejecución de obras prioritarias para el desarrollo, dentro de su organigrama figura una Dirección Técnica compuesta por una serie de departamentos que se supone están especializados en infraestructuras, control de diseños, presupuestos, diseño estructural, y departamentos específicos para edificaciones de salud. (Léase todo un departamento para supervisar la construcción de hospitales)

Más allá de la renombrada OISOE, el gobierno cuenta con otra institución supuestamente especializada en construcciones resistente a sismos, esta es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones (ONESVIE), que por el nombre debemos suponer que se dedica a evaluar la vulnerabilidad de las infraestructuras construidas por el gobierno. Hemos de intuir que esta institución pública que se mantiene de los impuestos que pagamos todas y todos; debe estar compuesta por técnicos cualificados para prevenir fallas estructurales en las edificaciones que se construyen con el dinero público.

Si bien es cierto que lo ocurrido ahora no fue un sismo, por lo cual la ONESVIE podría excusarse en este caso de lluvias, es un hecho qué si paredes de escuelas colapsan con la lluvia cuanto más colapsaran en caso de la ocurrencia de un sismo fuerte. Ya hemos visto agrietamiento en varias escuelas en temblores de tierra que no han sobre pasado 5 puntos en meses recientes.

Cabe destacar que los reportes de los propios organismos del Estado, dan cuenta que la mayoría de las estructuras afectadas por las lluvias y los temblores cumplen al menos con dos elementos comunes: 1. Son de reciente construcción. 2 Son construcciones estatales.

Quizás lo peor de todo es que esto ocurre ante la mirada la mirada indiferente del Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA), que no opina sobre estas fallas, no investiga ni sanciona a los miembros de ese gremio que se ven involucrados en malas prácticas de la profesión, ingenieros que pone en riesgo la vida de niños y niñas en escuelas construidas sin apego a las normas mínimas de seguridad y garantía, puentes y carreteras viciadas y hospitales que se convierten en un peligro de muerte para sus ocupantes.

Corresponde ahora a la sociedad civil, a la población y a las juntas de vecinos de las comunidades donde se han registrado incidentes por fallas estructurales en contriciones del Estado, exigir se exponga a los responsables y que sean sancionados de manera ejemplar.

Una mala práctica de ingeniera en edificaciones de uso masivo es un atentado a la vida, y sus responsables deben pagar por ello.